La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años originario de Durango, ha conmocionado a México y expuesto una red de sospechas en el corazón turístico de Mazatlán.

El 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio ingresó al baño del bar Terraza Valentino en la Zona Dorada y nunca regresó.
Su madre, Brenda Valenzuela Gil, recuerda con precisión quirúrgica las 2:30 de la madrugada cuando su hijo se levantó de la mesa familiar.
Diecinueve días después, el 24 de octubre, un operativo federal irrumpió en el establecimiento propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, entonces secretario de Economía de Sinaloa.
Lo encontrado superó cualquier hipótesis inicial.
Horas después, Velarde presentó su renuncia, citando motivos personales, en un movimiento que muchos interpretan como presión inevitable.
El bar Terraza Valentino, parte del grupo Eleva que controla seis antros en Mazatlán, ocultaba modificaciones ilegales detrás de los sanitarios públicos.

Un corredor de servicio conducía a un cuarto sin ventanas, con aislamiento acústico profesional en paredes, techo y piso.
Tres cámaras de alta definición apuntaban al centro, acompañadas de luces portátiles y un servidor con terabytes de almacenamiento.
La última grabación databa del 3 de octubre, dos días antes de la desaparición.
En el suelo, cuatro anclajes metálicos formaban un rectángulo, con marcas de roce constante.
El luminol reveló salpicaduras de sangre proyectadas con violencia, desde el centro hasta el techo.
El consumo eléctrico mostró picos entre las 2 y las 5 de la madrugada, coincidiendo con cuatro desapariciones previas en la zona.

Los videos de seguridad entregados tras tres requerimientos legales presentaban un corte de 43 minutos exactamente en el horario de la desaparición.
Alguien accedió remotamente desde oficinas administrativas para desactivar cuatro cámaras clave.
A las 2:36, una tarjeta de acceso fantasma, sin nombre ni foto, abrió el cuarto frío contiguo, con olor intenso a cloro y piso recién limpiado.
Un drenaje nuevo conectaba directamente al alcantarillado.
Un camión de basura desviado recogió dos tambos de 180 kilos etiquetados como peligrosos a las 4:17, pagados en efectivo extra.
La excavación en el relleno sanitario halló restos de tela oscura y una hebilla similar al cinturón de Carlos Emilio, enviados a análisis de ADN.

Brenda Valenzuela no cesó en su búsqueda desde el primer minuto.
Organizó rastreos costeros, viralizó hashtags y confrontó al bar que guardó silencio una semana.
El comunicado tardío fue vago, redactado por abogados.
La presión social forzó cateos: cinco en total, sin avances públicos significativos.
Testimonios de ex empleados revelan pagos en efectivo no registrados y órdenes de no preguntar por el cuarto frío.
Un gerente de turno renunció días después y reconoció activar tarjetas temporales bajo órdenes superiores.
El coordinador de operaciones del grupo Eleva huyó, última ubicación en Guadalajara.
Casos previos vinculan al grupo Eleva con patrones similares.

En agosto, tres jóvenes de Culiacán desaparecieron en Torritos Marina, otro bar de Velarde.
Aparecieron drogados con benzodiacepinas y ketamina, marcas de amarres, pero el caso se archivó.
Carla Montero, tía de una víctima, denunció sin eco.
Ahora, esos testimonios resurgen como parte de un modus operandi: sedación, filmación, eliminación de evidencias.
Mazatlán registra 243 carpetas por privación de libertad en 2025, el 60% concentrado en Culiacán y el puerto.
Ricardo Velarde Cárdenas, conocido como ‘Pity’, presidió la Canirac Mazatlán y escaló al gabinete de Rubén Rocha Moya.
Su renuncia el 24 de octubre llegó tras cateos anunciados.
Rocha reconoció su “profesionalismo” para esclarecer hechos, pero la salida facilita investigaciones sin interferencias políticas.
Velarde movía 50 millones mensuales declarados, con seguridad privada propia y contratos exclusivos de limpieza.
Contactos con comandantes y presidentes municipales blindaban sus negocios.
La desaparición rompió ese escudo.
Marchas masivas, advertencias de Durango y caídas en turismo forzaron acción federal.
Omar García Harfuch coordina desde la SSPC, prometiendo no soltar el caso.
El caso trasciende lo local y cuestiona la seguridad en destinos turísticos.
Mazatlán vende sol y playa, pero acumula desapariciones en antros.
Gobernador de Durango recomendó evitar viajes.
Reservaciones cayeron drásticamente.
Medios internacionales cubren la historia.
En reunión de gabinete en Mazatlán, empresarios exigieron resultados visibles.
Harfuch presentó reducciones en homicidios, pero la pregunta por Carlos Emilio silenció la sala.
Seis horas después, la renuncia.
Este no es un incidente aislado, sino síntoma de infiltración en estructuras de poder.
La investigación avanza con recursos federales ilimitados.
Resultados de ADN pendientes definirán el rumbo.
Brenda clama justicia para su hijo y todos los desaparecidos.
El puerto que ocultaba horrores en cuartos fríos ahora enfrenta escrutinio global.
México observa si esta vez la impunidad cede ante la verdad.