El sistema judicial colombiano se enfrenta a uno de sus desafíos más grandes y mediáticos tras la reaparición de una prueba que podría cambiar el rumbo definitivo de uno de los casos más sonados de la última década.

El asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández parecía ser un capítulo cerrado tras la condena ejemplar impuesta a Jhonier Leal, sin embargo la reciente revelación de un video hallado en el teléfono celular de la víctima ha desatado una tormenta jurídica y social que pone en tela de juicio la transparencia de la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación.

Según la información disponible el teléfono de Mauricio Leal donde se encontraba el video fue incautado y analizado por la fiscalía sin embargo este material nunca fue presentado durante el juicio que culminó con la condena de Jhonier Leal a 55 años y 3 meses de prisión por el asesinato de su hermano y su madre.

Este hecho resulta desconcertante pues el dispositivo móvil fue una de las piezas claves de la evidencia forense desde el inicio del proceso y se suponía que había sido sometido a una extracción de datos exhaustiva por parte de los peritos del ente acusador.

La omisión de este material audiovisual no es un detalle menor pues en un proceso penal el descubrimiento probatorio debe ser total y transparente garantizando que tanto la parte acusadora como la defensa tengan acceso a la misma información para construir sus argumentos.

El ocultamiento o la negligencia en la presentación de una prueba de tal magnitud sugiere una fractura grave en la cadena de custodia y en la lealtad procesal que debe regir cualquier investigación criminal.

La controversia escaló rápidamente cuando la defensa del condenado alzó la voz ante lo que considera una violación flagrante al debido proceso y al derecho a la defensa.

Quisimos acercarnos un poco más para tratar de investigar realmente qué tenía detrás esta investigación y las respuestas han generado más dudas que certezas sobre el actuar de los funcionarios encargados del caso.

Ana Julieth Velázquez abogada defensora de Jhonier Leal no dudó en cuestionar la legitimidad del proceso judicial al enterarse de la existencia de este material audiovisual que había permanecido en las sombras durante todo el litigio.

Velázquez declaró hace unos días que fue de conocimiento de esta profesional del derecho el video que hoy está rodando en medios de comunicación y que su sorpresa fue mayúscula al notar que dicha prueba no formaba parte del expediente que le fue entregado para preparar la defensa de su cliente.

Lo que agrava la situación es la fuente de la cual proviene el video pues no fue la Fiscalía quien lo entregó como correspondía por ley.

 

La información me la exhibe la apoderada de víctimas del hermano del señor Jhonier Leal lo sorprendente es que este video estaba en manos de la fiscalía y nunca fue considerado relevante para la teoría del caso que presentaron ante el juez.

Esta declaración de la abogada Velázquez apunta directamente a una selección arbitraria de la evidencia por parte del ente acusador lo cual podría interpretarse como un intento deliberado de construir una narrativa de culpabilidad omitiendo elementos que pudieran generar dudas razonables o que pudieran contextualizar de manera diferente los últimos momentos de vida de Mauricio Leal.

La aparición de este video no solo pone en tela de juicio la condena de Jhonier Leal sino que también levanta serias preocupaciones sobre la transparencia y el rigor de la investigación liderada por la Fiscalía.

Si un video grabado por la propia víctima en los instantes previos a su muerte o durante la agonía no fue considerado relevante cabe preguntarse qué otros elementos probatorios pudieron haber sido descartados o ignorados por no encajar en la hipótesis inicial del fiscal.

En el video que ha circulado profusamente en redes sociales y noticieros se observa a un Mauricio Leal visiblemente afectado mostrando sus heridas y pronunciando frases que, aunque confusas, añaden una capa de complejidad a la escena del crimen que fue descrita inicialmente como un homicidio modificado para parecer suicidio.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Jhonier Leal manipuló la escena obligó a su hermano a escribir una carta de despedida y limpió las evidencias para salir impune.

Sin embargo el hecho de que exista un registro visual en el teléfono de Mauricio que estaba en poder de las autoridades y que este registro no haya sido debatido en juicio abre la puerta a recursos legales extraordinarios como la revisión de la sentencia o la nulidad del proceso por vicios de forma y fondo.

La comunidad jurídica observa con asombro cómo una prueba reina pudo pasar desapercibida en un análisis forense que se presumía de alta tecnología y precisión.

El impacto de esta revelación trasciende el ámbito legal y golpea directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.

Durante meses el país siguió minuto a minuto las audiencias donde se revelaban los detalles macabros de la muerte del estilista y su madre y la condena a Jhonier fue recibida por muchos como un acto de justicia necesario.

Ahora la sensación de que la verdad procesal podría estar incompleta o manipulada genera un sabor amargo.

No se trata de exculpar automáticamente al condenado quien en su momento aceptó cargos bajo un preacuerdo que luego desconoció sino de exigir que la justicia sea impecable en sus procedimientos.

Si la Fiscalía tenía el video y no lo mostró se cometió un error inexcusable que podría costarle al Estado demandas millonarias y lo que es peor podría revictimizar a la familia que aún llora a sus muertos y que ahora ve cómo el caso se convierte nuevamente en un circo mediático.

La defensa de Jhonier Leal ha encontrado en este “hallazgo” un argumento poderoso para alegar que su cliente no tuvo un juicio justo y que se le ocultaron pruebas que podrían haber sido utilizadas para contradecir la teoría del fiscal Mario Burgos quien lideró la acusación con vehemencia.

La pregunta que todos se hacen es cómo es posible que un equipo de investigadores forenses extraiga la información de un celular y pase por alto un video de esta naturaleza.

Las explicaciones que surjan desde el ente investigador serán determinantes en los próximos días.

Hasta el momento el silencio o las justificaciones técnicas sobre la relevancia de la prueba no han sido suficientes para calmar la marea de críticas.

Se ha especulado sobre si el video confirma la teoría del suicidio o si por el contrario ratifica la coacción ejercida por un tercero.

En las imágenes Mauricio aparece recostado ensangrentado y balbuceando palabras sobre el dolor y el perdón mientras muestra su abdomen herido.

Para la Fiscalía esto podría haber sido parte de la puesta en escena orquestada por el asesino para reforzar la idea del suicidio y quizás por eso decidieron no usarlo al considerarlo una pieza de la manipulación.

Sin embargo esa decisión no les corresponde a los investigadores de manera unilateral.

En un sistema penal acusatorio todas las cartas deben estar sobre la mesa y es el juez quien debe valorar la pertinencia y el peso de cada prueba.

Al sustraer el video del conocimiento de la defensa y del juez se privó al proceso de un elemento fundamental para la reconstrucción de la verdad histórica.

La abogada Ana Julieth Velázquez ha sido enfática en señalar que este tipo de irregularidades son las que llevan a condenas injustas o a la caída de procesos que parecían sólidos demostrando que la eficiencia de la justicia no puede basarse en atajos procesales.

El papel de la representación de las víctimas también ha cobrado un protagonismo inesperado.

Fue la abogada que representa a Carlos Andrés García el otro hermano de Mauricio y Jhonier quien puso en conocimiento de la defensa la existencia del video.

Esto demuestra una fractura incluso entre quienes buscan justicia para las víctimas pues sugiere que no todos los actores procesales estaban alineados con la estrategia de ocultamiento o simplemente que el acceso a la información fue desigual.

Carlos Andrés García quien se encuentra recluido en una cárcel por un delito diferente ha manifestado a través de su apoderada su deseo de que se conozca toda la verdad caiga quien caiga.

La aparición de este video remueve las heridas de una familia que ha sido destrozada no solo por la tragedia inicial sino por la exposición pública y las disputas legales.

La posibilidad de que el juicio tenga que repetirse o de que se abra una investigación disciplinaria y penal contra los fiscales e investigadores que tuvieron bajo su custodia el celular de Mauricio Leal es un escenario real que se debate en los pasillos de los tribunales.

La integridad de la prueba digital es sagrada en la criminalística moderna y la ruptura de esa integridad pone en duda todo el acervo probatorio recolectado en la escena del crimen desde los informes de necropsia hasta los análisis de la escena.

Es fundamental analizar el contenido del video con la frialdad que el derecho requiere pero sin perder de vista la humanidad de las víctimas.

En el clip Mauricio mira a la cámara y habla con dificultad lo que sugiere que estaba en sus últimos momentos de vida.

Si fue obligado a grabarse o si lo hizo por voluntad propia es algo que debió debatirse con peritos psicólogos forenses y técnicos de audio y video en el estrado.

Al negar esa posibilidad la Fiscalía dejó un vacío que ahora es llenado por especulaciones y teorías de conspiración.

La condena de 55 años impuesta a Jhonier se basó en indicios graves como el tiempo que su celular permaneció inactivo la presencia de su ADN en ciertos lugares y las inconsistencias en sus declaraciones.

Si bien estos indicios son fuertes la justicia no puede permitirse el lujo de dejar cabos sueltos y mucho menos de esconder evidencias.

La credibilidad del sistema depende de que las reglas de juego se respeten para todos incluso para aquellos acusados de los crímenes más atroces.

La sociedad colombiana exige respuestas claras: ¿Por qué se ocultó el video? ¿Quién tomó la decisión de no incluirlo en el descubrimiento probatorio? ¿Fue un error humano de un perito o una orden superior estratégica? Estas preguntas no pueden quedar en el aire mientras Jhonier Leal permanece en la cárcel La Picota y la memoria de Mauricio y Marleny sigue esperando un descanso definitivo.

El caso Leal se ha convertido en un estudio de caso sobre los peligros del juicio mediático y la presión por resultados rápidos.

La Fiscalía tenía la urgencia de mostrar eficiencia ante un crimen que horrorizó al país y logró una condena en tiempo récord gracias en parte a la aceptación inicial de cargos de Jhonier.

Sin embargo esa celeridad ahora parece haber tenido un costo altísimo en términos de rigurosidad procesal.

La defensa argumenta que si Jhonier aceptó cargos en un principio fue precisamente por la presión y el desconocimiento de pruebas que podrían haberle favorecido o al menos haber permitido una defensa técnica más robusta.

Ahora con el video en la mano la narrativa de la defensa se fortalece al poder alegar indefensión y vulneración de garantías fundamentales.

No se sabe si el video exculpa a Jhonier pues en él no aparece otra persona visiblemente pero sí muestra el estado crítico de Mauricio y podría haber servido para determinar la hora exacta de la muerte o la dinámica de las heridas algo que fue punto de debate entre los forenses.

La omisión de esta prueba es una mancha indeleble que obligará a las altas cortes a pronunciarse sobre los límites de la autonomía fiscal en la gestión de la evidencia.

Mientras tanto el país sigue debatiendo si estamos ante un caso de ineficiencia estatal o algo más oscuro.

La abogada Velázquez ha reiterado que seguirá hasta las últimas consecuencias para que se revise el proceso asegurando que su cliente fue condenado sin que se viera la película completa de los hechos.

La Fiscalía por su parte deberá preparar una defensa institucional sólida para justificar por qué una prueba que estaba en su poder desde el día uno nunca vio la luz en los estrados judiciales.

Este episodio nos recuerda que en la búsqueda de la verdad judicial no existen atajos válidos y que cada pieza de evidencia por pequeña o dolorosa que sea es vital para armar el rompecabezas de la justicia.

El video de Mauricio Leal más que una imagen final de su tragedia se ha convertido en el símbolo de un sistema que necesita revisión urgente para garantizar que la verdad real coincida con la verdad procesal y que las sentencias se dicten con la certeza absoluta de que nada fue ocultado bajo la alfombra de la conveniencia.

El desenlace de este nuevo capítulo judicial es incierto pero lo que es seguro es que el caso Leal seguirá dando de qué hablar y poniendo a prueba los cimientos de la justicia en Colombia durante mucho tiempo más.