A las 7:10 de la noche, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sacudió el panorama político del Chocó al llamar a juicio al exgobernador y actual representante a la Cámara Giovanni Carlos Alberto Palacios Bosquera, una de las figuras electorales más influyentes del departamento, por su presunta responsabilidad en un grave caso de corrupción asociado a un proyecto social fallido.
La decisión judicial se produce tras una investigación que, según el alto tribunal, reúne un abundante acervo probatorio sobre el colapso de un sistema de gas natural domiciliario que prometía beneficiar a más de trece mil habitantes de bajos recursos en varios municipios históricamente marginados del Chocó, una región marcada por la pobreza estructural y el abandono estatal.
El proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías y de la Gobernación del Chocó, fue presentado en 2014 como una solución transformadora para comunidades de Istmina, Tadó, Condoto y Unión Panamericana, que celebraron públicamente la promesa de dejar atrás el uso de pipetas de gas costosas y peligrosas para cocinar en sus hogares.
Once años después, lo que queda de esa iniciativa no son tuberías funcionando ni cocinas encendidas con gas natural, sino un voluminoso expediente judicial que describe pagos millonarios por obras no ejecutadas, infraestructura abandonada e irregularidades administrativas que, según la Corte, configuran un nuevo episodio de pérdida de recursos públicos en el departamento.
Aunque el convenio fue suscrito inicialmente durante el mandato del entonces gobernador Efrén Palacios, el proyecto quedó bajo la responsabilidad directa de Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera desde 2016, cuando asumió la Gobernación del Chocó, momento en el cual, pese a múltiples alertas oficiales, la obra no alcanzaba ni siquiera el diez por ciento de ejecución.
A pesar de las advertencias emitidas por la Contraloría General y el Departamento Nacional de Planeación sobre el incumplimiento del contratista y el riesgo fiscal evidente, Palacios Mosquera autorizó pagos cercanos a mil ochocientos millones de pesos tanto a la empresa ejecutora como a la interventoría, una decisión que hoy es uno de los ejes centrales de la acusación penal.
Durante su indagatoria del 21 de octubre de 2024, que se extendió por casi cuatro horas ante el magistrado César Reyes Medina, el hoy congresista sorprendió por una reiterada falta de precisión en sus respuestas, afirmando en cuarenta y ocho ocasiones no recordar aspectos fundamentales del contrato que él mismo administró como gobernador.
El exmandatario dijo no recordar los municipios beneficiados, los documentos clave del convenio, los pagos autorizados, los informes de control fiscal ni las prórrogas concedidas, e incluso expresó dudas sobre su propia firma en resoluciones oficiales, una desmemoria que generó inquietud entre los magistrados de la Sala de Instrucción.
En la providencia de 288 páginas que sustenta la acusación, la Corte Suprema concluye que se pagaron obras que nunca se ejecutaron, que lo poco construido quedó inservible y que el procesado fue informado oportunamente de las irregularidades, sin que desplegara acciones eficaces para proteger el patrimonio público ni exigir el cumplimiento contractual.
Palacios Mosquera enfrenta cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, delitos que, según el alto tribunal, se configuran por la omisión reiterada de medidas correctivas pese a las alertas técnicas y administrativas recibidas durante su mandato como gobernador.
En su defensa, el congresista aseguró sentirse engañado por sus subalternos y técnicos, argumentando que carecía de conocimientos especializados y que confió en los informes presentados por las secretarías de infraestructura y planeación, una explicación que la Corte considera insuficiente dada la relevancia social y financiera del proyecto.
El magistrado Reyes Medina fue particularmente incisivo al cuestionar cómo un proyecto que el propio Palacios calificó como el segundo más importante en la historia del Chocó pudo carecer de una supervisión rigurosa, limitándose, según el procesado, a solicitar reportes en reuniones formales sin verificar en terreno su ejecución real.
La Corte también reprochó al exgobernador no haber liquidado el contrato, no imponer sanciones al contratista incumplido ni hacer efectivas las pólizas para resarcir al Estado, decisiones administrativas que, de haberse tomado oportunamente, habrían mitigado el impacto fiscal del proyecto fallido.
Uno de los puntos más graves del expediente es la presunta cesión irregular del convenio a un consorcio integrado por la misma empresa que inicialmente había incumplido, una decisión que Palacios Mosquera dijo no recordar, pese a reconocer que la firma estampada en el documento corresponde a la suya.
Mientras el exgobernador alegaba desconocimiento y confusión, la Corte contrastó sus declaraciones con documentos, testimonios y peritajes que, según el fallo, evidencian una conducta omisiva reiterada que permitió la continuidad de un proyecto inviable, afectando directamente a miles de familias vulnerables.
Noticias Caracol recorrió los municipios afectados y recogió testimonios de ciudadanos como Ana Ramírez, quien aseguró haber pagado cuatrocientos cincuenta mil pesos por una conexión que nunca funcionó, y que hoy sigue cocinando con pipetas cuyo costo mensual resulta insostenible para su economía familiar.
Los habitantes relataron cómo se perforaron paredes, se instalaron tuberías incompletas y se prometió un servicio continuo que jamás llegó, describiendo el proyecto como una burla y una estafa que profundizó la desconfianza hacia las autoridades y reforzó la sensación histórica de abandono en el Chocó.
Para la Corte Suprema, la afectación no fue solo material sino social, al frustrar una inversión concebida para mejorar la calidad de vida de comunidades pobres, sin que el entonces gobernador desplegara acciones eficaces para corregir el rumbo del proyecto o proteger los recursos públicos comprometidos.
En paralelo al proceso penal, la Contraloría General declaró responsable fiscalmente a Palacios Mosquera en julio de 2023 y le impuso una multa superior a dieciocho millones de pesos, que deberá pagar de manera solidaria junto a exfuncionarios y empresas vinculadas al convenio, una sanción que refuerza su complejo panorama judicial.
Además de este caso, la Corte Suprema adelanta al menos dos investigaciones adicionales por presunta corrupción relacionadas con su gestión como mandatario regional, lo que ha llevado al congresista a anunciar que no aspirará al Congreso en las elecciones de 2026, aunque sigue activo políticamente en su departamento.
En medio de estos procesos, Palacios Mosquera ha volcado su capital político en apoyar la candidatura de Sandra Palacios Maturana, figura local con vínculos a estructuras políticas cuestionadas, un movimiento que refleja cómo, mientras la justicia avanza, la dinámica electoral en el Chocó continúa sin pausa.
El caso de Giovanni Carlos Alberto Palacios Bosquera se suma a una larga lista de proyectos sociales inconclusos en el Chocó, donde las promesas de desarrollo suelen diluirse entre contratos fallidos, investigaciones judiciales y comunidades que, una vez más, ven frustradas sus esperanzas de un mejor futuro.
