El día viernes 9 de enero, las noticias sobre los desarrollos diplomáticos y políticos en Venezuela y Colombia marcaron la agenda en Blue Radio.
Desde Caracas, el tema más relevante ha sido la situación de los presos políticos y la continua especulación sobre la liberación de detenidos en el contexto del régimen de Nicolás Maduro.
Aunque se ha anunciado la liberación de algunos prisioneros, la cifra real es mucho más baja de lo esperado, lo que genera incertidumbre y tensión tanto en Venezuela como en la comunidad internacional.
A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue activamente su estrategia diplomática, especialmente en relación con la frontera común y las amenazas del narcotráfico que afectan a ambos países.
Petro hizo un llamado directo a la presidenta interina de Venezuela, Delsy Rodríguez, para coordinar acciones conjuntas frente a la violencia y los grupos armados ilegales que operan en la zona.
Este encuentro, esperado con ansias, representa una oportunidad de consolidar relaciones entre Colombia y Venezuela tras años de tensiones políticas.
La visita de una delegación estadounidense encabezada por John Magnamara a Caracas también ha generado un gran revuelo, pues marca el regreso de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, luego de años de tensiones y la ruptura de las misiones diplomáticas.
La visita de Magnamara está vinculada al proceso de restablecimiento de la embajada estadounidense en Venezuela, así como a la búsqueda de soluciones a problemas económicos y la exploración de acuerdos petroleros entre ambos países.
La noticia sobre la liberación de los presos políticos es uno de los temas más discutidos en Caracas en las últimas horas.
Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha confirmado la excarcelación de ocho personas, entre ellas cuatro españoles, la cifra está lejos de las expectativas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que habían señalado la existencia de más de 800 prisioneros políticos en el país.
Los familiares de los detenidos, desesperados por obtener información, han protagonizado manifestaciones frente a distintas cárceles de Venezuela, como El Helicoide en Caracas y la cárcel de Tocorón en el estado Carabobo.
Estos paros y protestas buscan presionar a las autoridades para que den respuestas sobre los detenidos, sus condiciones y los procedimientos legales que deben seguirse para su liberación.
Desde el gobierno de Maduro, se ha asegurado que este proceso de excarcelación es parte de una serie de acciones para demostrar buena voluntad hacia la comunidad internacional, aunque algunos analistas sostienen que estas liberaciones son en gran medida movimientos estratégicos para mejorar la imagen del régimen venezolano frente a los organismos internacionales, especialmente los países de Europa y América Latina.
La ONG Foro Penal ha subrayado que el número real de liberados es extremadamente bajo si se compara con el total de prisioneros injustamente detenidos bajo acusaciones políticas.
A pesar de estos avances, la situación de los presos sigue siendo incierta.
Familias como las de Rocío San Miguel y Enrique Márquez se sienten aliviadas por la liberación de sus seres queridos, pero muchos otros siguen en espera de respuesta oficial sobre las condiciones de sus familiares detenidos.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros grupos de poder dentro del régimen de Maduro continúan manteniendo un control absoluto sobre las decisiones relacionadas con las detenciones, lo que agrava la desconfianza de la población civil hacia el sistema judicial venezolano.
Por otro lado, el gobierno de Colombia también está tomando medidas importantes en relación con la seguridad en la frontera común con Venezuela, donde los grupos armados ilegales operan con impunidad.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la presidenta interina Delsy Rodríguez para que coordinen esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico armado y las organizaciones que generan violencia en la zona fronteriza.
Petro ha sido enfático en señalar que la propuesta de alianzas criminales que ha hecho Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, no defiende a Venezuela ni a Colombia, sino que está alimentando una espiral de violencia que afecta a toda América Latina.
Petro expresó que la alianza criminal que propone Mordisco representa una excusa para la invasión externa y una desestabilización interna en la región, lo cual es totalmente opuesto a los intereses de Venezuela y Colombia.
Este tipo de grupos se han convertido en una amenaza constante no solo para ambos países, sino para la seguridad hemisférica en general.
El presidente colombiano también hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a los gobiernos de Venezuela y Colombia para que trabajen juntos en la erradicación de estas organizaciones ilegales y restauren el orden en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
El Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia, ha sido escenario de desplazamientos forzados debido a los combates entre grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC.
La situación allí ha empeorado, especialmente después del paro armado declarado por el ELN en diciembre de 2025.
Según informes de la Defensoría del Pueblo y la ONU, las comunidades en áreas como Versalles, Pacheli y Filogringo han quedado completamente aisladas debido a la violencia, y muchas de ellas no han podido acceder a alimentos, medicinas o servicios básicos, lo que ha agudizado la crisis humanitaria en la región.
La falta de movilidad, las restricciones al transporte y la destrucción de infraestructuras son algunos de los mayores problemas a los que se enfrentan los habitantes del Catatumbo.
El gobierno colombiano, junto con organismos internacionales como la ONU y la Iglesia Católica, ha estado trabajando en planes de asistencia humanitaria para brindar apoyo a las personas desplazadas.
Sin embargo, la falta de seguridad y la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una barrera importante para el avance de estos programas.
Mientras tanto, los grupos de derechos humanos siguen denunciando la violación de derechos fundamentales de los desplazados, quienes son vulnerables tanto a la violencia de los grupos armados como a la indiferencia de las autoridades.
La situación del gas domiciliario en el Catatumbo es otro aspecto preocupante que ha sido afectado por la violencia armada.
En Tibur y otras zonas rurales, la falta de suministro de gas debido a amenazas de grupos armados ha empeorado las condiciones de vida de la población.
Según el alcalde de Tibur, Richard Claro, los trabajadores de la empresa Proviservicios que suministra gas domiciliario han recibido amenazas de disidencias de las FARC, lo que ha dificultado el acceso de más de 3,600 usuarios a este servicio vital.
Esto ha generado una crisis de abastecimiento y ha complicado aún más las condiciones de vida de los habitantes de la región.
La situación en Venezuela y Colombia sigue siendo compleja y llena de desafíos tanto políticos como humanitarios.
La cooperación entre ambos países parece ser la única solución viable para enfrentar los problemas compartidos, especialmente en cuanto a violencia armada y narcotráfico.
Sin embargo, el diálogo internacional y las presiones externas, como las de Estados Unidos, juegan un papel crucial en las decisiones que se toman en la región.
La liberación parcial de presos políticos en Venezuela es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para garantizar la justicia y los derechos humanos en el país.
El Catatumbo y otras zonas afectadas por la violencia continúan siendo el centro de atención para las autoridades colombianas y las organizaciones internacionales, que trabajan para aliviar la crisis humanitaria y brindar apoyo a las comunidades desplazadas.
Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales y la falta de seguridad siguen siendo los mayores obstáculos para una solución duradera en la región.
Mientras tanto, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela avanzan, pero la confianza mutua aún está en proceso de construcción, especialmente cuando se trata de garantizar la paz y la estabilidad en la frontera común.
