La agenda informativa de la noche dejó al descubierto un mosaico de tensiones políticas, judiciales, económicas y sociales que atraviesan a Colombia y a la región.
Desde los ecos internacionales del debate sobre Venezuela, hasta decisiones judiciales clave, ajustes económicos internos y operativos de seguridad sin precedentes, el país cerró la jornada con múltiples frentes abiertos.
En el centro del debate regional estuvo la reacción de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien rechazó de manera contundente la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en su propio país.
Machado sostuvo que en Venezuela no existen garantías judiciales mínimas para procesar a figuras del poder, ni protección real para jueces o fiscales que actúen con independencia.
Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la viabilidad de una justicia interna en un contexto institucional profundamente cuestionado.
El pronunciamiento se produjo desde Washington, tras una reunión sostenida con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, lo que añadió un componente diplomático de alto nivel al mensaje.
Machado recordó el precedente de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada tras emitir una decisión contraria a los intereses del poder en Venezuela.
Según la dirigente opositora, ese caso demuestra el riesgo que enfrentaría cualquier operador judicial que intente actuar con autonomía frente al régimen.
En su análisis, insistió en que no existe una sola sentencia firme contra altos responsables del gobierno venezolano dentro del sistema judicial nacional.
Por ello, cuestionó si quienes plantean un juicio interno desconocen la realidad de la justicia venezolana o subestiman el nivel de control político existente.
El pronunciamiento fue interpretado como una respuesta directa, aunque diplomáticamente formulada, a la postura del mandatario colombiano.
La controversia dejó en evidencia las diferencias profundas entre visiones regionales sobre cómo abordar la crisis venezolana.
En el ámbito económico, el Ministerio de Agricultura de Colombia anunció la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones de arroz provenientes de Ecuador.
La medida incluye restricciones al ingreso terrestre del producto y se enmarca en un contexto de tensiones comerciales entre ambos países.
El gobierno argumentó que la decisión busca proteger a los productores nacionales frente a prácticas que afectarían la estabilidad del mercado interno.
Desde el sector arrocero, algunos gremios celebraron la medida como un alivio esperado, mientras otros advirtieron sobre posibles efectos en los precios al consumidor.
El anuncio se produjo en medio de una coyuntura regional marcada por ajustes arancelarios cruzados y disputas comerciales.
Las autoridades señalaron que la política será evaluada de manera permanente para evitar impactos negativos no previstos.
En materia de justicia y seguridad, el ministro de Justicia Andrés Hidráraga confirmó que fue negado el recurso de reposición presentado por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá.
Con esta decisión quedó en firme su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos asociados a estructuras criminales transnacionales.
El ministro advirtió que la confirmación de la extradición ha generado amenazas contra directivos del sistema penitenciario.
Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad ante posibles retaliaciones.
El caso se convirtió en un símbolo de la cooperación judicial internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Desde el gobierno se reiteró que no habrá marcha atrás en los procesos de extradición avalados legalmente.
Paralelamente, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien se apartará del debate sobre la emergencia económica bajo revisión del alto tribunal.
La decisión modifica la correlación interna del estudio constitucional de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Aunque se trata de un procedimiento habitual, el contexto político elevó el interés sobre sus efectos.
En otro frente judicial, la Fiscalía llamó a indagatoria al exciclista Lucho Herrera por un proceso relacionado con presunta desaparición forzada ocurrida en 2002.
El caso generó conmoción pública por tratarse de una figura histórica del deporte nacional.
La defensa ha reiterado que se trata de señalamientos sin fundamento, mientras avanza la investigación.
En el sistema penitenciario, el INPEC ejecutó un megaoperativo simultáneo en 124 cárceles del país.
Durante la intervención fueron incautados más de mil teléfonos celulares, tarjetas SIM y cientos de kilogramos de sustancias ilícitas.
Las autoridades explicaron que los hallazgos evidencian redes criminales activas al interior de los centros de reclusión.
El director de la entidad destacó que el operativo hace parte de una estrategia sostenida para desarticular economías ilegales intramuros.
Los resultados pusieron en evidencia la sofisticación de los métodos de ocultamiento empleados.
El gobierno anunció que estos controles continuarán de manera periódica.
En el plano político-electoral, el representante Hernán Cadavid solicitó al Consejo Nacional Electoral revocar la inscripción de Iván Cepeda en la consulta de centroizquierda prevista para marzo.
Cadavid argumentó que Cepeda ya habría participado en una consulta previa, lo que legalmente impediría su nueva postulación.
El Consejo Nacional Electoral conformó una comisión especial para estudiar el caso.
La decisión final podría conocerse en los próximos días y será determinante para el panorama electoral.
El debate refleja las tensiones jurídicas y políticas en torno a las consultas interpartidistas.
El tema mantiene en expectativa a los distintos sectores progresistas.
En Bogotá, fue aplazada la audiencia de acusación contra los procesados por la agresión que causó la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno.
La defensa informó que se encuentran en la fase final de un posible preacuerdo con la Fiscalía.
El caso ha generado un profundo impacto en la comunidad universitaria.
Las autoridades reiteraron el compromiso con el esclarecimiento de los hechos.
Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación protagonizaron un cruce de versiones sobre el pago de salarios a docentes.
La cartera nacional aseguró que los recursos ya fueron girados.
En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que la tarifa mínima de taxi para 2026 será de 8.
000 pesos.
El decreto incluye ajustes en el banderazo y recargos nocturnos y aeroportuarios.
La medida generó reacciones divididas entre usuarios y conductores.
Las autoridades argumentaron que el ajuste responde a costos operativos y a la inflación.
El anuncio se suma a otros cambios estructurales en el transporte urbano.
El debate sobre tarifas sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía.
Finalmente, el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá formalizaron un acuerdo para la transformación del Hospital San Juan de Dios.
La inversión proyectada asciende a 1,6 billones de pesos en los próximos diez años.
El complejo se orientará como un centro de innovación sobre envejecimiento y ciclo de vida.
Las autoridades destacaron que el proyecto busca integrar salud, investigación y política pública.
En el plano internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre el atentado contra un helicóptero en Antioquia.
La jornada cerró así con un panorama intenso, marcado por decisiones que seguirán generando efectos políticos, sociales y judiciales en el corto y mediano plazo.
