El reelegido presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Sergio Díaz Granados, habló con Noticias Caracol en un momento especialmente sensible para la región, marcado por tensiones económicas, ciclos electorales simultáneos y un creciente sentimiento de incertidumbre social que atraviesa a buena parte de los países latinoamericanos.

Desde su posición como uno de los líderes más influyentes de la banca multilateral y recientemente incluido en la lista de “titanes” de la revista Time, Díaz Granados ofreció una lectura amplia y directa sobre los desafíos estructurales que dejó la pandemia y que aún condicionan las decisiones fiscales y políticas.

Según explicó, todos los países de la región incrementaron su endeudamiento de forma acelerada para atender la emergencia sanitaria, lo que obligó posteriormente a iniciar procesos complejos de ajuste del gasto público y de recuperación de las fuentes tradicionales de ingreso.

Ese regreso al equilibrio, subrayó, no ha sido sencillo, especialmente en un contexto donde la inflación golpeó con fuerza a casi todas las economías y obligó a los bancos centrales a intervenir de manera sostenida para evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo.

En ese escenario, el papel de la CAF ha sido sentarse país por país, analizar sus realidades fiscales y acompañar procesos que inevitablemente se cruzan con elecciones democráticas que redefinen prioridades sociales y políticas cada pocos años.

Para Díaz Granados, ese cruce entre economía y política no es una anomalía, sino una constante latinoamericana que obliga a pensar el desarrollo con una visión de largo plazo y con capacidad de adaptación.

Al referirse específicamente a Colombia, el presidente de la CAF evitó lecturas simplistas y propuso una imagen matizada, describiendo la situación actual como un vaso medio lleno y medio vacío, donde coexisten avances estructurales con retos fiscales que no pueden seguir postergándose.

Reconoció que el ambiente electoral ha tenido un impacto evidente en el ritmo de las reformas, pero advirtió que, independientemente del resultado político, el próximo gobierno y el nuevo Congreso deberán abordar ajustes tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos.

En su análisis, Colombia se encuentra en un momento en el que será inevitable discutir nuevamente reformas tributarias y mecanismos de control del gasto, debates que probablemente se intensificarán en el segundo semestre del próximo año.

Mientras esas discusiones se dan, explicó, el país seguirá necesitando fuentes de financiamiento confiables para cumplir con sus obligaciones actuales y sostener proyectos estratégicos de desarrollo.

Desde la perspectiva de la CAF, el rol del banco no es juzgar coyunturas políticas, sino garantizar que exista una ventanilla de financiamiento abierta incluso en los momentos económicos más complejos.

Esa continuidad, afirmó, es clave para evitar que las transiciones políticas se conviertan en frenos abruptos al desarrollo.

Díaz Granados destacó que la CAF se ha consolidado como un actor pionero en finanzas verdes y sostenibles, un campo en el que Colombia ha tenido un papel activo durante los últimos años, posicionándose como referente regional en la emisión de bonos verdes y proyectos climáticos.

Para el directivo, el desafío no es solo acceder a recursos, sino hacerlo en condiciones favorables, con plazos largos, costos bajos y conocimiento técnico que permita construir infraestructura resiliente frente a los efectos del cambio climático.

En ese contexto, abordó un tema sensible: la dependencia de economías como la colombiana de sectores como el petróleo y el gas, señalando que, aunque la transición energética es necesaria, no puede hacerse de forma abrupta.

El gas natural, explicó, debe ser entendido como una energía de transición que permita financiar la adaptación y el cambio hacia matrices más limpias sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.

Cada país, insistió, debe definir su propia hoja de ruta energética, y la CAF ha trabajado identificando qué conviene a cada economía según sus capacidades y necesidades.

Renunciar a utilizar recursos disponibles sin alternativas claras, advirtió, puede abrir la puerta a la ilegalidad y a mayores desequilibrios sociales.

Sobre las proyecciones de crecimiento, que sitúan a Colombia en torno al 2,5 y 2,6 por ciento, Díaz Granados reconoció que estas cifras reflejan un problema regional más profundo, caracterizado por casi quince años de bajo crecimiento en América Latina y el Caribe.

Este estancamiento, explicó, ha impedido cerrar brechas de pobreza y ha alimentado frustraciones sociales que luego se expresan en polarización política y desconfianza institucional.

Uno de los factores estructurales detrás de este fenómeno es la caída sostenida de la inversión, tanto pública como privada, una tendencia que no es exclusiva de Colombia, sino generalizada en la región.

Decisiones políticas que restringen sectores como la minería o los hidrocarburos, sumadas a inestabilidades macroeconómicas en otros países, han reducido los flujos de capital.

Para revertir esta tendencia, propuso activar sectores con alto potencial, como la agroindustria, la energía y la vivienda, recordando que América Latina dejó de construir cerca de doce millones de viviendas en la última década.

Dejar los recursos naturales sin uso, concluyó, no solo frena el crecimiento, sino que los expone a economías ilegales.

El presidente de la CAF también abordó el clima social de la región, describiendo una América Latina atravesada por la desesperanza, donde los debates públicos se alejan de soluciones concretas y se concentran en disputas ideológicas y simbólicas.

A su juicio, la región tiene suficientes herramientas para avanzar, pero carece de integración, funcionando como mercados fragmentados frente a bloques compactos como Estados Unidos o Europa.

Sobre la relación de Colombia con Estados Unidos, explicó que, desde la óptica de la banca multilateral, se trata de un socio financiero clave, especialmente en los mercados de bonos.

Consideró que las tensiones diplomáticas deben superarse con pragmatismo, priorizando soluciones comerciales y diplomáticas que preserven una relación estratégica de largo plazo.

En cuanto al escenario entre Estados Unidos y Venezuela, advirtió que cualquier acción tendrá impactos regionales, aunque llamó a evitar especulaciones y a observar con cautela la evolución de los hechos.

La CAF, señaló, se mantiene atenta para apoyar soluciones que eviten crisis humanitarias.

Finalmente, Díaz Granados se refirió al tema de la seguridad, aclarando que la CAF no condiciona su apoyo financiero al orden público, sino que entiende el desarrollo como una herramienta fundamental para contener la inseguridad.

Recordó que América Latina lidera la mayoría de los mercados criminales transnacionales, desde el narcotráfico hasta la trata de personas y la minería ilegal, un fenómeno que amenaza la estabilidad de los Estados.

Para el presidente del banco, este contexto no justifica retirarse, sino redoblar la inversión en desarrollo, empleo e infraestructura como mecanismos de contención social.

La inseguridad, afirmó, no es una razón para frenar el financiamiento, sino una señal de alerta para acelerar respuestas coordinadas entre gobiernos, sector privado y banca multilateral.

Si la región no actúa con rapidez, advirtió, el crimen organizado seguirá ganando terreno sobre economías formales y democracias frágiles.

El mensaje final fue claro: más desarrollo no es una opción ideológica, sino una necesidad urgente para América Latina y el Caribe.