El 30 de diciembre de 2025 fue un día decisivo para muchos colombianos que viajaban desde Bogotá hacia distintos destinos del país para celebrar las fiestas de fin de año.
La operación éxodo, como es conocida la masiva movilización de ciudadanos durante este período, generó una gran congestión en las principales vías de la capital.
En particular, la terminal de transporte reportó un alto volumen de pasajeros, con vehículos que salían hacia las regiones más turísticas, como Girardot, Melgar, y Villavicencio, entre otras.
En total, se esperaban más de 100,000 vehículos en la autopista sur, y más de 800,000 vehículos debían movilizarse entre el 30 de diciembre y el 31 de diciembre por los nueve corredores viales principales de Bogotá.
Esta masiva salida no solo trajo consigo el reto de la movilidad en las rutas del país, sino también el inicio de la implementación de nuevas políticas fiscales que se perfilaban como tema central de debate.
El gobierno de Gustavo Petro, en un intento por enfrentar los desafíos económicos de la nación, presentó varias medidas de corte fiscal, una de las más comentadas fue el incremento del salario mínimo para el año 2026, fijado en un 23. 78%.
Esta medida, anunciada con la intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos, rápidamente se convirtió en uno de los principales puntos de discusión, tanto entre los gremios económicos como en los círculos políticos y sociales del país.
Aunque el aumento del salario mínimo fue recibido positivamente por las familias que dependen de este ingreso, los sectores empresariales y económicos lo calificaron como un golpe directo a la estabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Bruce McMaster, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), expresó su preocupación por los efectos adversos que esta medida podría tener en los sectores productivos del país, particularmente en aquellos más vulnerables a la inflación.
Según McMaster, este aumento tendría repercusiones inmediatas, ya que aumentaría los costos operativos de las empresas, particularmente en sectores como el agrícola, el turístico, y el comercio.
Sin embargo, también advirtió que los mayores afectados no serían los que ganan el salario mínimo, sino aquellos que ya están fuera del sistema formal de empleo, quienes seguirán viendo afectada su situación económica por la inflación que, a su juicio, se disparará en los próximos meses.
La decisión del gobierno de elevar el salario mínimo ha sido calificada por algunos expertos como una medida electoralista, diseñada para ganar el apoyo popular, pero con graves consecuencias para la economía a largo plazo.
En especial, los empresarios del agro y el turismo ven con incertidumbre los próximos meses, ya que se prevé que los costos de producción se incrementen sin que se logren mejoras en la productividad.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en respuesta a las críticas, ha dejado claro que el gobierno tiene la intención de implementar una serie de medidas compensatorias para mitigar los efectos negativos del aumento salarial, pero que el desafío es grande.
Uno de los sectores más impactados por el aumento del salario mínimo será el del transporte.
Los transportadores de carga y pasajeros ya han advertido que, debido al incremento de los costos laborales, los tiquetes tanto de transporte terrestre como aéreo se encarecerán considerablemente.
Las tarifas de transporte por carretera, por ejemplo, podrían aumentar en hasta un 25% como resultado de la subida de los salarios y los costos operativos adicionales.
Esto afectará directamente a los viajeros, que se verán obligados a pagar más por los desplazamientos dentro del país, especialmente en esta temporada alta de viajes.
A este panorama se le suman las nuevas políticas fiscales que se implementarán en 2026, que incluyen incrementos en impuestos a sectores como el de los licores, cigarrillos, y productos de lujo.
El gobierno ha anunciado que la tarifa del IVA sobre los licores pasará del 5% al 19%, excluyendo solo a la cerveza, debido a su alto consumo social.
Sin embargo, esta medida ha generado descontento en algunos sectores, quienes consideran que los consumidores serán los más perjudicados, ya que estos incrementos impactarán directamente en los precios de los productos que consumen de manera cotidiana.
Además, el gobierno aplicará nuevos impuestos a los juegos de azar en línea y a los productos derivados del tabaco, como los cigarrillos electrónicos.
Otra de las medidas que ha generado controversia es la sobretasa al impuesto de renta que se aplicará al sector financiero.
Este impuesto pasará del 5% al 15% para las grandes entidades bancarias, lo que, según el gobierno, contribuirá a incrementar los ingresos del Estado.
Sin embargo, muchos analistas advierten que este tipo de impuestos puede tener efectos negativos en la inversión y en la economía del país, especialmente en un sector que ya enfrenta retos debido a la alta informalidad laboral y la escasa inclusión financiera en Colombia.
En medio de esta serie de cambios fiscales, el gobierno también está evaluando una serie de reformas que podrían tener implicaciones significativas en la vida política del país.
Una de estas reformas es la eliminación de la prima de servicios para los congresistas, lo que implicaría una reducción sustancial en sus salarios.
Esta medida ha sido propuesta como parte de una serie de ajustes para mejorar la eficiencia del gasto público, en un intento por mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la clase política y demostrar que el gobierno está dispuesto a recortar gastos innecesarios.
A nivel regional, la situación de violencia en el país sigue siendo preocupante.
El conflicto armado en regiones como el Catatumbo ha generado una crisis humanitaria que afecta a miles de personas desplazadas por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.
En particular, la región del Catatumbo sigue siendo una de las más afectadas por la violencia, donde las disidencias de las FARC y el ELN mantienen un control territorial que dificulta la vida cotidiana de los habitantes.
Esta situación ha obligado a muchos colombianos a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras zonas del país, principalmente en ciudades como Cúcuta y Ocaña.
La escalada de violencia en el Catatumbo ha provocado la muerte de al menos seis firmantes del acuerdo de paz, tres líderes sociales y varios menores de edad en lo que va del 2025.
Las autoridades y las organizaciones humanitarias están trabajando para mitigar los efectos del desplazamiento forzado, pero la situación sigue siendo crítica.
La Defensoría del Pueblo ha pedido al gobierno que implemente medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los civiles en estas zonas, ya que los grupos armados continúan operando con impunidad.
En este contexto, el gobierno de Petro ha decidido prorrogar las zonas de ubicación temporal, que fueron establecidas para facilitar la desmovilización de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, esta medida ha sido criticada por sectores de la sociedad civil, que argumentan que estas zonas de concentración no han logrado reducir la violencia ni garantizar la protección de la población civil.
