En los últimos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una gran atención internacional por sus declaraciones sobre la situación jurídica y la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras el operativo militar liderado por Estados Unidos a principios de enero de 2026.
Estas declaraciones se producen precisamente a pocos días de su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 3 de febrero en la Casa Blanca, un encuentro que el propio Petro ha descrito como “clave” no solo para su carrera, sino para el futuro de la humanidad.
Petro ha afirmado en escenarios públicos que la detención de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses —luego de una operación en Caracas que resultó en la captura del exmandatario y su traslado a territorio norteamericano— equivale a un “secuestro” o detención ilegítima, y ha pedido que sea devuelto a Venezuela para ser juzgado por tribunales venezolanos en lugar de ser procesado en Estados Unidos.
Las palabras del presidente colombiano han reavivado el debate diplomático en la región y se inscriben en un contexto de tensiones con Estados Unidos que se intensificaron tras el operativo en Venezuela, el cual incluyó la captura de Maduro y su esposa y su posterior procesamiento en Nueva York por cargos federales relacionados con narcotráfico y otros delitos que él ha negado.
Petro ha insistido en que la justicia regional debería decidir el futuro de Maduro, resaltando diferencias históricas entre las tradiciones judiciales latinoamericanas y las prácticas de potencias extranjeras, al tiempo que ha criticado el uso de la fuerza para resolver conflictos políticos en la región.
A continuación tienes un resumen amplio estructurado en seis secciones, cubriendo el contexto, las declaraciones de Petro, el operativo contra Maduro, la respuesta diplomática, el encuentro próximo con Trump y las implicaciones para la política regional —adaptado para cumplir con estándares de comunidad y evitando detalles innecesariamente sensibles, pero manteniendo claridad y amplitud informativa:
El debate en torno a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha colocado a América Latina en el centro de una compleja discusión sobre soberanía, derecho internacional y relaciones bilaterales entre gobiernos.
En su más reciente pronunciamiento, el presidente colombiano Gustavo Petro ha calificado la detención de Maduro como un acto que va más allá del derecho penal ordinario y representa una violación a la soberanía de un país vecino, al considerar que la justicia de Venezuela debería ser la que decida sobre su situación jurídica, no tribunales extranjeros.
Petro hizo estas declaraciones en dos espacios: primero ante funcionarios y pacientes en un centro de salud de Bogotá, y más tarde desde el Palacio de Nariño, donde se declaró en desacuerdo con la operación militar que culminó con la captura.
En sus palabras, denunció que acciones de este tipo no solo afectan a quienes son directamente involucrados, sino que tienen implicaciones históricas para la región, y criticó el uso de la fuerza como método para resolver escenarios políticos complejos.
El mandatario colombiano ha insistido en que Maduro debería ser juzgado por tribunales venezolanos, un argumento que reitera que los sistemas judiciales locales tienen primacía en los asuntos que atañen a sus propios ciudadanos, siempre respetando los estándares internacionales de justicia.
Esta posición, según Petro, responde también a una visión cultural distinta sobre cómo se debe administrar justicia en América Latina frente a otros modelos jurídicos considerados menos apropiados para la región.
La captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026, fue parte de una operación militar conjunta con participación de fuerzas especiales estadounidenses, con base en órdenes ejecutivas y cargos federales que lo vinculan con narcotráfico y otros delitos bajo la ley de Estados Unidos.
Tras su detención en Caracas y traslado a Nueva York, Maduro se ha declarado inocente ante un tribunal federal y el proceso sigue su curso bajo el sistema judicial estadounidense.
El operativo que terminó con la captura incluyó el uso de fuerzas especiales y apoyo logístico estadounidense, lo que llevó a que gobiernos y organizaciones de varios países expresaran preocupación por el respeto a la soberanía de Venezuela y por la seguridad regional, incluidas voces que consideran la acción demasiado amplia o contraria a los procedimientos diplomáticos habituales.
En respuesta a este contexto, Petro ha enfatizado que la diplomacia y el respeto entre estados soberanos debe prevalecer, rechazando la intervención militar como forma de abordar disputas políticas en la región.
Su discurso también se ha dado en medio de críticas más amplias al funcionamiento de organismos internacionales como la ONU, a los que considera incapaces de gestionar de manera efectiva estas situaciones sin recurrir a la fuerza.
La captura de Maduro y el discurso de Petro han sido comentados ampliamente en medios internacionales, donde analistas señalan que este tipo de tensiones recalca la fragilidad de las relaciones entre gobiernos latinoamericanos y potencias extranjeras, especialmente cuando se mezclan cuestiones de seguridad, justicia y política exterior.
El presidente colombiano también ha comparado la operación con episodios históricos de agresión, argumentando que el uso de la fuerza en la patria de figuras icónicas como Simón Bolívar deja una marca duradera en la memoria colectiva de los pueblos.
Esta retórica busca conectar hechos contemporáneos con el legado histórico de la región y subrayar la importancia de caminos pacíficos para la resolución de conflictos.
Aunque las palabras de Petro han sido interpretadas por algunos sectores como una crítica fuerte a Estados Unidos, también se producen en un momento en que Colombia ha buscado restablecer diálogos con Washington tras tensiones previas, incluidas declaraciones cruzadas y sanciones entre los gobiernos.
De hecho, durante 2025 las relaciones entre Colombia y Estados Unidos pasaron por momentos de alta tensión, con declaraciones severas entre los líderes de ambos países y acusaciones mutuas, lo que llevó a una reconfiguración de los canales diplomáticos antes de la próxima reunión presidencial.
Frente a este telón de fondo, Petro ha descrito la reunión del 3 de febrero con Trump en la Casa Blanca como un momento determinante, no solo para los intereses bilaterales, sino también para una visión más amplia de la cooperación internacional.
Ha planteado que esta conversación debe abordar no solo la situación de Maduro, sino también temas de seguridad, comercio y luchas compartidas contra el crimen transnacional.
La posición de Petro pone en evidencia una visión alternativa sobre cómo América Latina debería lidiar con crisis políticas internas y externas, enfatizando la primacía de la justicia local, el respeto a la soberanía y el uso de canales institucionales para la resolución de disputas en lugar de recurrir a acciones militares.
A su vez, estas declaraciones también han sido interpretadas por algunos sectores como un intento de reafirmar una postura soberana frente a potencias extranjeras en un momento donde temas como migración, lucha contra el narcotráfico y cooperación regional están muy presentes en las agendas internacionales.
En resumen, las declaraciones de Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro y Estados Unidos reflejan un enfoque centrado en la soberanía nacional, la justicia regional y la crítica al uso de la fuerza, temas que Francisco propio ha vinculado directamente con la postura que desea mantener en su próximo encuentro con Donald Trump y en la política exterior colombiana en general.
