En diciembre de 2025, el nombre de Laura Sarabia volvió a aparecer en los titulares de los medios de comunicación colombianos, pero esta vez no por un ascenso o por su nuevo cargo diplomático.
En lugar de eso, su salida abrupta del Fondo Nacional de Garantías (FNG) sorprendió al país y se convirtió en un tema de debate nacional.
Oficialmente, su retiro fue presentado como voluntario, pero tras las filtraciones y las presiones políticas, la situación se convirtió en un escándalo que afectó directamente al gobierno de Gustavo Petro.
Sarabia, que era una figura central en el círculo más cercano del presidente, pasó de ser una funcionaria de confianza a convertirse en el centro de una tormenta mediática.
Todo comenzó cuando se revelaron críticas sobre el ejercicio de funciones simultáneas que Sarabia desempeñaba como embajadora en Londres y como miembro de la junta directiva del FNG.
La oposición acusó a Sarabia de recibir doble remuneración del Estado, lo que violaba el artículo 128 de la Constitución colombiana, que prohíbe que un funcionario reciba dos salarios públicos.
La controversia rápidamente alcanzó los medios de comunicación, con titulares que hablaban de “acumulación de poder y privilegios” y la imagen de Sarabia como una mujer influyente dentro del gobierno, lo que generó aún más rechazo.
Los rumores sobre posibles irregularidades en su nombramiento fueron acompañados de un fuerte malestar en la opinión pública.
La historia de Laura Sarabia es, en muchos sentidos, una representación de su ascenso vertiginoso dentro del círculo de poder de Colombia.
Nacida en 1994 en una familia de clase media, llegó al poder con una mezcla de disciplina y reserva.
Desde muy joven, comenzó a trabajar en campañas políticas y poco a poco se fue consolidando como una figura clave dentro del gobierno de Petro.
A medida que su influencia crecía, Sarabia pasó de ser una asistente técnica a convertirse en la jefa de gabinete de la presidencia.
Este cargo le permitió tener acceso directo al presidente, manejar su agenda y decidir qué temas llegaban a su mesa.
Sin embargo, su rápido ascenso también la colocó bajo el escrutinio público.
En 2023, su nombre estuvo en el centro de una polémica cuando una de sus exempleadas domésticas la acusó de presuntas interceptaciones ilegales, lo que empañó su imagen y la obligó a ser apartada temporalmente de su cargo.
Aunque Petro la separó de su puesto en ese momento, en pocos meses la reincorporó al gobierno, primero en Prosperidad Social y luego al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Su regreso al poder, sin embargo, estuvo marcado por un aire de desconfianza en la opinión pública, ya que muchos la veían como una persona que se movía entre los pasillos del poder sin rendir cuentas, lo que la convirtió en un objetivo fácil para sus detractores.
El nombramiento de Sarabia en la junta directiva del FNG, en marzo de 2025, generó aún más controversia.
El FNG es una de las instituciones más importantes en el sistema financiero del país, encargada de administrar las garantías de crédito para miles de empresas.
Su cargo en esta entidad era clave para la conexión entre la banca privada y los recursos públicos.
Sin embargo, la pregunta sobre su idoneidad para ocupar ese puesto surgió rápidamente, especialmente porque ella ya ocupaba el cargo de embajadora en Londres, lo que parecía incompatible con sus nuevas responsabilidades.
El gobierno defendió su nombramiento diciendo que Sarabia tenía una amplia experiencia en gestión pública y que su participación en la junta sería más técnica que ejecutiva.
Sin embargo, la oposición no estuvo convencida.
Se empezó a hablar de un posible conflicto de intereses, ya que el régimen de inhabilidades en Colombia prohíbe que un funcionario diplomático desempeñe otros cargos públicos remunerados.
La situación se complicó aún más cuando el concejal Daniel Briseño presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, alegando que Sarabia había violado la Constitución.
Esto abrió un frente legal que alimentó aún más la tormenta política que rodeaba al gobierno.
El impacto mediático de la denuncia fue inmediato.
Los medios de comunicación comenzaron a difundir detalles de la investigación, y la figura de Sarabia pasó de ser una funcionaria confiable a una pieza central de una posible crisis política.
Los titulares de los periódicos hablaban de “la mujer más poderosa de Petro” y cuestionaban cómo alguien tan cercano al presidente podría estar involucrada en un conflicto de intereses tan evidente.
A medida que la presión aumentaba, el gobierno intentó contener el daño, filtrando versiones que aseguraban que la salida de Sarabia era una decisión propia, pero la mayoría de los analistas políticos coincidieron en que la decisión había sido tomada por el presidente para evitar un escándalo mayor.
Dentro del FNG, las tensiones también crecieron.
Varios empleados de la entidad comenzaron a manifestar su incomodidad con la situación.
Según fuentes cercanas al caso, algunos directivos sintieron que la presencia de Sarabia en la junta generaba una presión política que afectaba las decisiones financieras de la entidad.
Además, se filtraron documentos que indicaban que Sarabia había tomado decisiones fuera de los canales formales, lo que alimentó aún más las sospechas de que su nombramiento en el FNG no tenía una base técnica, sino que respondía a un interés político directo del presidente.
El caso de Laura Sarabia no solo expuso un posible conflicto de intereses, sino que también reflejó las tensiones internas dentro del gobierno de Gustavo Petro.
A medida que el escándalo crecía, varios miembros de la coalición gubernamental comenzaron a sugerir que la situación de Sarabia podría ser un síntoma de un reacomodo dentro del gabinete.
Algunos opinaban que el gobierno de Petro estaba enfrentando una crisis de confianza, en la que las lealtades personales estaban pesando más que la transparencia pública.
La salida de Sarabia no fue un simple ajuste administrativo; fue una señal de que las dinámicas de poder dentro del gobierno estaban cambiando.
La cercanía de Sarabia con Petro y su influencia dentro de la presidencia la convirtieron en un personaje clave, pero también en un símbolo de los dilemas éticos que enfrenta el gobierno.
Los opositores al presidente aprovecharon la oportunidad para pedir su destitución, mientras que los aliados de Petro se vieron obligados a defenderla públicamente.
Sin embargo, el silencio del presidente, que no se pronunció durante días, solo aumentó las especulaciones sobre la decisión que había tomado.
La salida de Laura Sarabia del Fondo Nacional de Garantías en 2025 fue solo el principio de una serie de reacciones que podrían tener repercusiones duraderas dentro del gobierno de Petro.
Si bien la renuncia fue presentada como voluntaria, muchos interpretaron la situación como un ajuste de cuentas dentro del círculo más cercano al presidente.
La presión sobre Sarabia, sumada a las filtraciones sobre su posible doble remuneración, puso en evidencia las contradicciones internas del gobierno y dejó en claro que, aunque la confianza política sigue siendo fundamental en el círculo de Petro, la transparencia y la legalidad no siempre son suficientes para mantener la estabilidad política.
La historia de Sarabia puede ser un indicio de que el gobierno enfrenta desafíos más profundos, relacionados con la concentración de poder y las tensiones entre la lealtad y la legalidad.
