La madrugada de un día crucial, un teléfono sonó en el apartamento de Daniel Quintero en Bogotá.
Al otro lado, una voz alterada y casi irreconocible, la de Dalina, se escuchaba con una intensidad que helaba la sangre.
“¿Quieren silenciarme?”, preguntó, dejando claro que su mensaje no era uno común.
Lo que había sido presentado como un simple robo, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, no lo era.
Miguel Uribe, un joven político prometedor, había sido asesinado en circunstancias sospechosas.
Lo que parecía un caso cerrado, una víctima más de la delincuencia, comenzaba a desmoronarse bajo una nueva versión de los hechos.
Armando Leiva, un exasesor de seguridad, estaba dispuesto a romper su silencio y contar lo que sabía.
Leiva había guardado información comprometida durante años, pero ahora parecía decidido a destapar la verdad que muchos querían mantener oculta.
Según él, lo que ocurrió no fue un simple crimen, sino una conspiración, una operación de eliminación política diseñada para frenar a alguien que estaba empezando a destapar oscuros vínculos entre el poder y el narcotráfico.
La pregunta era clara: ¿Quién estaba detrás de todo esto?
Leiva no estaba dispuesto a callar, y su testimonio pondría en peligro más de una carrera política, incluyendo la de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
La muerte de Miguel Uribe fue inicialmente clasificada como un asesinato común, un robo que terminó en tragedia.
Las autoridades descartaron de inmediato cualquier conexión política, y los medios de comunicación repitieron el relato oficial sin cuestionarlo.
Sin embargo, pronto empezaron a aparecer detalles que no encajaban con la versión oficial.
Testigos inconsistentes, cámaras apagadas en momentos clave, y fiscales que sellaron el caso antes incluso de ver el cuerpo.
Además, las autoridades fueron rápidas en descartar cualquier posibilidad de que el asesinato tuviera un móvil político, lo cual resultaba extraño, dado el perfil de la víctima.
Miguel Uribe no era un político cualquiera, era una figura emergente con propuestas que incomodaban a muchos sectores del poder.
A pesar de las advertencias que había recibido y de las amenazas que había enfrentado, el gobierno insistió en que su muerte fue producto de un crimen común.
Pero los detalles no encajaban, y la verdad parecía estar siendo enterrada junto a él.
Fue entonces cuando Armando Leiva, un exasesor de seguridad vinculado al entorno de Gustavo Petro, comenzó a hablar.
Leiva poseía información clave sobre la relación entre el narcotráfico y las estructuras políticas del país, y sabía demasiado como para quedarse callado.
Leiva no era un personaje menor.
Conocía operaciones internas, redes de financiación, y había sido testigo de conversaciones confidenciales que nunca debieron salir a la luz.
Durante años, Leiva guardó silencio, pero ahora, al ver que su vida estaba en riesgo, decidió hablar.
La primera vez que insinuó que el asesinato de Miguel Uribe no fue un crimen común, lo hizo en privado, de manera discreta, pero con una gravedad aterradora.
Lo que Leiva sugería era claro: alguien dentro del círculo cercano al gobierno de Petro había dado la orden de eliminar a Miguel Uribe.
Según Leiva, esta no fue una acción motivada por odio personal, sino por una estrategia política, una jugada para frenar a alguien que estaba descubriendo demasiado.
Leiva, convencido de que la verdad podría costarle la vida, intentó apartarse del asunto, cambiar de número, mudarse, pero las amenazas nunca cesaron.
Sabía demasiado.
Sabía quién había diseñado el relato del robo fallido.
Sabía quién presionó a los fiscales para que archivaran el caso rápidamente.
Y sabía quiénes se reunieron para decidir el destino de Miguel Uribe.
Cuando decidió hablar, Leiva comenzó a desmantelar la versión oficial, trazando una nueva pista: la pista política.
Los detalles del crimen no coincidían.
La versión oficial hablaba de dos delincuentes sin conexión política, pero el relato de Leiva mostraba una operación más elaborada.
El crimen de Miguel Uribe había sido ejecutado por un grupo profesional, con experiencia en asesinatos selectivos, y protegido por autoridades que garantizaban el silencio.
Leiva reveló que días antes del asesinato, se había llevado a cabo una reunión clave entre actores políticos y criminales, en la que se discutió la necesidad de neutralizar a Miguel Uribe.
Según Leiva, Miguel Uribe había descubierto información comprometida sobre vínculos entre políticos y criminales, y estaba a punto de hacerla pública.
Una frase, dicha en esa reunión, quedó grabada en la memoria de Leiva: “Si él muestra lo que tiene antes de octubre, esto se acaba.
Mejor que no llegue a octubre.”
Octubre era el mes electoral, y para esos actores, el riesgo de que Uribe revelara algo peligroso debía ser eliminado antes de que pudiera hablar.
La narrativa oficial del robo empezó a desmoronarse bajo el peso de las pruebas de Leiva.
El relato de un robo fallido no cuadraba con los hechos.
Leiva desmanteló la historia, pieza por pieza, demostrando que no había pruebas de la presencia de los delincuentes en la zona antes del crimen.
No hubo coordinación, no hubo vigilancia previa, y lo más alarmante: los presuntos delincuentes fueron eliminados rápidamente del radar.
Uno apareció muerto días después en circunstancias sospechosas, y el otro desapareció sin dejar rastro.
Leiva sostiene que el asesinato fue realizado por un grupo mixto, con criminales experimentados, pero con el apoyo y la protección de funcionarios del gobierno.
El impacto de sus declaraciones fue inmediato.
Al publicar los tres nombres clave que él consideraba responsables, Leiva no solo destapaba un crimen, sino que señalaba a figuras de poder que podrían haber estado involucradas en un encubrimiento a gran escala.
Uno de esos nombres pertenece a un hombre que actualmente ocupa un cargo en el gobierno de Petro, lo que podría vincular al gobierno directamente con el asesinato de Miguel Uribe.
Si se confirma, la revelación de estos vínculos podría desencadenar una crisis política sin precedentes.
La presión sobre el gobierno de Petro aumentó, y el presidente se encontró ante una difícil decisión: ¿cómo manejar un escándalo de estas dimensiones sin que se derrumbaran las instituciones?
El gobierno de Petro inicialmente trató de restar importancia al asunto, pero la información filtrada no dejó que el tema desapareciera.
El silencio que intentaron imponer ya no fue suficiente para frenar la verdad.
A medida que los detalles del crimen y las implicaciones políticas se volvían más claros, el ambiente en el gobierno se tornó cada vez más tenso.
La presión internacional también aumentó, y los actores políticos involucrados en el caso empezaron a ser objeto de escrutinio.
Los opositores de Petro se aprovecharon de la situación, utilizando el escándalo como munición política.
Petro, por su parte, intentó desviar el foco del caso, sugiriendo que el asesinato de Miguel Uribe fue obra de estructuras criminales heredadas del pasado.
Las semanas siguientes fueron claves.
Leiva seguía insistiendo en que tenía pruebas suficientes para demostrar que lo que se había presentado como un crimen común era en realidad un asesinato político.
La fiscalía comenzó a reabrir el caso, y los periodistas de investigación se sumaron a la búsqueda de la verdad.
El gobierno, cada vez más presionado, tuvo que reaccionar de manera más contundente, aunque las sombras del encubrimiento seguían acechando.
Finalmente, la verdad comenzó a salir a la luz.
Los documentos que Leiva había protegido en secreto, las grabaciones y los archivos distribuidos a personas de confianza, fueron la clave para abrir una nueva investigación.
La presión sobre el gobierno de Petro se intensificó, y el futuro político del presidente colombiano se volvió cada vez más incierto.
El caso de Miguel Uribe Turbay, que inicialmente parecía un simple crimen, se transformó en un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad en Colombia.
