En Colombia, el 30 de diciembre se convirtió en un día clave para los viajeros, mientras las salidas desde Bogotá se incrementaban debido a las festividades de fin de año.
La operación éxodo, como se conoce al fenómeno masivo de movilización de colombianos en esta época, ha causado una gran congestión en las principales vías de la capital.
En la Vía Llano, se vivió una situación crítica cuando se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 14+120 m de la carretera hacia Chipaque.
Este accidente, que involucró a un vehículo particular y un motociclista, provocó el cierre parcial de la vía y ralentizó el paso de los vehículos.
A pesar de que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el reversible de la vía ya había finalizado, el tráfico seguía siendo denso en varias zonas de Bogotá, especialmente en la autopista sur, donde el paso de vehículos era a una velocidad de 20 km/h.
La situación era igualmente compleja para los viajeros que tomaban rutas hacia otros destinos del país, como Girardot, Melgar y otras zonas turísticas.
En la terminal de transporte de Bogotá, las filas de pasajeros no dejaban de crecer.
Según la gobernación de Cundinamarca, se esperaba que más de 100,000 vehículos salieran de la capital en el último día de diciembre, y entre hoy y mañana, se estimaba que alrededor de 800,000 vehículos estarían en movimiento, dirigiéndose hacia diversas regiones del país.
A pesar de la masiva salida de vehículos, se reportó que no se presentarían grandes afectaciones de movilidad en términos generales, pero la congestión era inevitable, especialmente en las primeras horas de la tarde.
En paralelo con esta movilización masiva de personas, el gobierno colombiano se encontraba bajo presión debido al impacto de las medidas económicas implementadas, entre las que destacó el aumento del salario mínimo para el año 2026.
El presidente Gustavo Petro anunció un incremento del 23,78% en el salario mínimo, lo que generó reacciones divididas entre los diferentes sectores económicos del país.
La medida fue ampliamente criticada por los gremios de empresarios, quienes argumentan que esta decisión, aunque necesaria desde una perspectiva social, tiene efectos negativos en la economía.
Los transportadores de carga y pasajeros por carretera, por ejemplo, fueron de los primeros en pronunciarse, ya que estiman que los precios de los tiquetes aumentarán en un 25% debido a los incrementos salariales.
Este incremento del salario mínimo no solo afecta el costo de los tiquetes terrestres, sino que también tendrá repercusiones en el sector de la vivienda.
La vivienda de interés social y de interés prioritario, que ya estaba enfrentando un aumento de precios debido a la inflación y a la creciente demanda, ahora se verá aún más inaccesible para muchos colombianos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que una parte importante de las promesas de compraventa de viviendas se pactan en salarios mínimos y no en pesos, lo que significa que los costos de las viviendas subirán de manera automática con el aumento del salario mínimo.
Este ajuste en los costos, sin embargo, no está exento de controversia.
Mientras que el gobierno pide a los constructores que sean razonables y no abusen del bolsillo de los clientes, también está preparando un paquete de medidas que se implementarán en enero para evitar que el aumento salarial se traslade indiscriminadamente a otros sectores, como el transporte y la salud.
La idea es evitar que el costo de vida suba aún más debido a la indexación de precios a los salarios mínimos, lo que podría afectar a los ciudadanos en general.
En medio de este panorama económico, la situación de los desplazados y los afectados por la violencia en regiones como el Catatumbo se sigue agravando.
En la madrugada del 30 de diciembre, el corregimiento de Filogringo, en la zona rural del municipio de Tibú, fue escenario de una incursión armada por parte de disidencias del Frente 33 de las FARC y miembros del ELN.
Más de 40 hombres armados irrumpieron en el pueblo, sembrando el terror entre sus habitantes.
La incursión resultó en la muerte de un guerrillero del ELN y varios enfrentamientos armados entre los dos grupos.
En medio de los combates, una vivienda fue incendiada por un dron cargado con explosivos.
Este tipo de violencia, que ha desplazado a miles de personas, es un reflejo de la grave situación humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo.
Según los informes de las autoridades, más de 100 familias han llegado a Cúcuta y Ocaña en busca de refugio, mientras que otras siguen atrapadas en sus hogares debido a los bloqueos y la violencia.
Las organizaciones humanitarias han instado al gobierno a implementar corredores humanitarios para permitir la entrada de alimentos y ayuda a estas zonas afectadas.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente para que los grupos armados respeten a la población civil, mientras que el gobierno, a pesar de las críticas, ha decidido prorrogar las zonas de ubicación temporal para los combatientes de las disidencias de las FARC en el marco de la política de paz total.
Sin embargo, esta medida ha sido muy cuestionada por la falta de resultados concretos en el terreno.
Los analistas y organizaciones humanitarias advierten que la prórroga de las zonas de concentración podría estar prolongando el sufrimiento de la población civil sin ofrecer soluciones a largo plazo.
La situación en el Catatumbo se está tornando cada vez más crítica, con más de 87,500 personas desplazadas en lo que va del 2025, y más de 170 homicidios registrados en la región, incluidos asesinatos de líderes sociales y firmantes de los acuerdos de paz.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar políticas de paz y reconciliación, la violencia y el desplazamiento siguen siendo una realidad para miles de colombianos en este rincón del país.
