La vigilancia estadounidense sobre un tercer buque petrolero sancionado en aguas internacionales cercanas a Venezuela volvió a encender las alertas geopolíticas en el Caribe, en un contexto marcado por el endurecimiento de la presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro y por una serie de operaciones marítimas que han aumentado de forma visible en las últimas semanas.

Según una actualización de Reuters, que inicialmente habló de una interceptación directa, la Guardia Costera de Estados Unidos mantiene un seguimiento activo de la embarcación como parte de una operación que sería la segunda ejecutada durante el fin de semana y la tercera registrada en menos de dos semanas en la región.

Funcionarios citados por Bloomberg confirmaron que estas acciones responden a una intensificación de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, orientada a restringir las exportaciones petroleras venezolanas sancionadas y a cortar vías de financiamiento que, según Washington, sostienen al régimen de Maduro.

Este sábado, el gobierno estadounidense difundió imágenes de alto impacto visual que muestran el segundo de los tres buques actualmente bajo la lupa de las autoridades, grabaciones que rápidamente circularon en medios y redes, reforzando el mensaje de control operativo y presencia militar sostenida en el Caribe.

Las imágenes muestran el amanecer en altamar, con el sol elevándose lentamente sobre el horizonte mientras un enorme buque petrolero navega frente a las costas venezolanas, una escena aparentemente tranquila que contrasta con la operación militar que se desarrolla minutos después sobre la cubierta de la nave.

En el video se observa un helicóptero militar estadounidense aproximándose a baja altura, volando sobre el petrolero y manteniéndose suspendido mientras varios uniformados armados descienden con precisión para tomar control de la plataforma, una secuencia que refuerza el carácter planificado y coordinado de la operación.

Tras asegurar la cubierta, los efectivos recorren las áreas principales del buque, suben escaleras metálicas y avanzan hacia lo que parece ser el puente de mando, siguiendo un patrón similar al de otras interdicciones previas difundidas por las autoridades estadounidenses en operativos recientes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó posteriormente que el buque había atracado por última vez en Venezuela, mientras que reportes de prensa indicaron que la embarcación tendría bandera panameña, pertenecería a una empresa china y transportaría hasta dos millones de barriles de crudo.

De acuerdo con la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Ana Kelly, se trataría del petrolero Cent, un navío que, según Washington, transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones internacionales, integrando lo que las autoridades describen como una “flota en la sombra” utilizada para evadir controles.

Kelly calificó al buque como una embarcación de falsa bandera y sostuvo que este tipo de operaciones buscan frenar el tráfico ilegal de crudo, al que Estados Unidos vincula con el financiamiento de actividades ilícitas y con el sostenimiento económico del gobierno venezolano.

El viernes, durante su rueda de prensa de fin de año, el secretario de Estado Marco Rubio ratificó que Washington continuará haciendo cumplir sus leyes, incluso frente a la orden de Nicolás Maduro de escoltar buques petroleros con la Armada venezolana, una advertencia que elevó la tensión diplomática.

Rubio afirmó que ninguna escolta impediría la capacidad estadounidense de ejecutar órdenes judiciales contra buques sancionados y señaló que los barcos recientemente escoltados no estaban en la lista de sanciones, subrayando que la prioridad sigue siendo actuar contra embarcaciones específicamente señaladas.

La primera operación contra un petrolero sancionado ocurrió el 10 de diciembre, cuando imágenes difundidas por la fiscal general Pam Bondi mostraron un procedimiento casi idéntico, consolidando un patrón operativo que refuerza la percepción de una campaña sostenida y no de acciones aisladas.

Desde entonces, la presión sobre el tráfico marítimo vinculado a Venezuela se ha intensificado, con un aumento de la presencia militar estadounidense y reportes de más de dos docenas de acciones de interdicción en el océano Pacífico y el mar Caribe, según fuentes oficiales.

La medida más reciente ha sido descrita como un bloqueo total de buques petroleros sancionados que intenten ingresar o salir de Venezuela, una estrategia que busca aislar progresivamente al país de rutas marítimas clave para su economía energética.

Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro reaccionó denunciando lo que calificó como robo y secuestro de embarcaciones, acusaciones que contrastan con la narrativa estadounidense basada en el cumplimiento de sanciones y órdenes judiciales internacionales.

En entrevista con medios, el analista de seguridad Arturo Grandón, CEO del Security College US, explicó que la información inicial suele generar confusión, ya que no siempre refleja con precisión lo que ocurre en el teatro de operaciones, especialmente cuando se trata de movimientos estratégicos complejos.

Grandón señaló que, en el caso del tercer buque, se trataría de una embarcación con bandera distinta a la venezolana, pero cuyo número de serie permitiría rastrear su origen real, independientemente de cambios de nombre, propietario o registro, lo que la convierte en objetivo de interés.

Respecto a la supuesta persecución, el analista indicó que en la práctica no se trata de una cacería naval, sino de bloqueos y neutralizaciones controladas que colocan las embarcaciones bajo custodia de la fuerza interventora una vez alcanzan aguas internacionales.

Sobre la escolta anunciada por Maduro, Grandón afirmó que estas capacidades tendrían un alcance limitado y que, una vez fuera de aguas territoriales, la superioridad operativa estadounidense haría irrelevante cualquier intento de protección por parte de la Armada venezolana.

El experto añadió que informes de inteligencia indican una reducción significativa de la capacidad operativa venezolana, con limitaciones logísticas y financieras que afectarían la disponibilidad real de su personal militar, debilitando aún más cualquier respuesta en altamar.

Según Grandón, las operaciones contra petroleros sancionados se enmarcan en un despliegue más amplio contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región, utilizando los mismos recursos de inteligencia, vigilancia y control marítimo.

En un escenario hipotético de confrontación directa, el analista subrayó que la desproporción de capacidades haría inviable una respuesta efectiva por parte de fuerzas venezolanas, aunque aclaró que Estados Unidos busca evitar daños colaterales y un conflicto abierto.

El cierre de rutas marítimas no solo afecta a Venezuela, sino también a países aliados como Cuba, que según el analista enfrenta crecientes dificultades energéticas al verse interrumpido el suministro de petróleo venezolano, ampliando el impacto regional del bloqueo.

Actualmente, al menos una veintena de buques permanecerían detenidos o inmovilizados cerca de puertos venezolanos, incapaces de zarpar por temor a sanciones o interdicciones, lo que refuerza la presión económica sobre Caracas y sus socios comerciales.

Este escenario configura un cierre de año marcado por una escalada controlada, donde la exhibición de poder militar se combina con mensajes políticos dirigidos tanto al régimen venezolano como a actores internacionales involucrados en el comercio energético.

A medida que se acumulan las operaciones y las imágenes difundidas por Washington, el Caribe se consolida como un espacio clave de esta estrategia, con consecuencias que trascienden lo militar y se proyectan sobre la estabilidad económica y diplomática de la región.

El desarrollo de estos acontecimientos mantiene en vilo a observadores internacionales, que siguen de cerca cada movimiento naval, conscientes de que cualquier error de cálculo podría alterar un equilibrio ya frágil en una de las zonas más sensibles del hemisferio occidental.