El 3 de enero de 2026, Venezuela vivió una de las jornadas más impactantes de su historia reciente.
Un operativo militar estadounidense, titulado “Resolución Absoluta”, marcó un antes y un después en la crisis política del país, con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este hecho, que resonó en todo el mundo, generó una enorme división en la comunidad internacional, con algunos países respaldando la postura de Estados Unidos, mientras otros insistieron en el respeto a la soberanía venezolana.
El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en una sesión extraordinaria convocada por Colombia, reflejó esas tensiones, con intervenciones divididas sobre la situación.
Mientras Colombia llamó a evitar acciones unilaterales que pudieran desestabilizar la región, España enfatizó que la lucha contra el crimen organizado debe basarse en la cooperación internacional, sin recurrir a la imposición de la fuerza.
Por otro lado, Letonia y varios países europeos señalaron que el régimen de Maduro había violado el derecho internacional en diversas ocasiones, incluyendo su apoyo a la agresión rusa contra Ucrania, además de ser responsables de la crisis humanitaria que ha forzado a más de 8 millones de venezolanos a huir de su país.
En este contexto, las declaraciones de Donald Trump y otros actores internacionales sobre la situación venezolana no pasaron desapercibidas.
El presidente colombiano Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Trump, defendiendo su legitimidad y su política antidrogas, mientras la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rechazaba las amenazas contra la democracia y la soberanía nacional.
El gobierno colombiano insistió en que continuará colaborando con Estados Unidos en la lucha contra las estructuras criminales, sin comprometer su soberanía.
En medio de estos intercambios diplomáticos, la situación en Venezuela sigue siendo tensa, y las respuestas a las intervenciones extranjeras continúan polarizando a la comunidad internacional.
Mientras tanto, la transición política en Venezuela también se ve afectada por la falta de consenso sobre cómo debe realizarse, con la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, excluida de los procesos de cambio.
El Consejo de Seguridad de la ONU, en su sesión extraordinaria convocada por Colombia, se convirtió en un escenario de fuertes divisiones.
Países como España abogaron por una solución pacífica y cooperativa, argumentando que el respeto a la soberanía de Venezuela debe prevalecer, y que las intervenciones unilaterales solo generarían más tensiones en la región.
España hizo un llamado para que la lucha contra el crimen organizado se realice bajo las reglas internacionales establecidas por la ONU, evitando la imposición de la fuerza, que podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad regional.
Por otro lado, Letonia y varios países de Europa adoptaron una postura más crítica frente al régimen de Nicolás Maduro.
La embajadora de Letonia en la ONU denunció que el régimen de Maduro había violado sistemáticamente el derecho internacional, respaldando incluso la agresión rusa contra Ucrania.
Según su intervención, el régimen de Maduro representa una amenaza grave no solo para la seguridad de Venezuela, sino para la estabilidad de toda la región.
Señaló que las violaciones de derechos humanos y las prácticas de represión masiva eran una constante en el gobierno de Maduro, lo que lo hacía aún más peligroso para la región y el mundo.
Por su parte, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, defendió la postura del gobierno venezolano, exigiendo la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes acusó de ser víctimas de una conspiración internacional.
Aseguró que la única forma de resolver la crisis venezolana era a través de un respeto absoluto a la soberanía del país, y pidió una condena clara y inequívoca al uso de la fuerza contra Venezuela.
En el mismo contexto de la ONU, la Unión Europea insistió en la necesidad de incluir a María Corina Machado, la principal líder opositora de Venezuela, en cualquier proceso de transición política.
Sin embargo, la administración de Donald Trump optó por excluirla, lo que generó un gran malestar entre los opositores de Maduro y en algunos sectores internacionales.
La postura de Trump ha sido muy clara: considera que el régimen de Maduro es una amenaza directa no solo para Venezuela, sino para la seguridad global, y no tiene intenciones de negociar con él.
La situación en Colombia también ha estado marcada por las reacciones ante las declaraciones de Donald Trump.
El presidente Gustavo Petro defendió su legitimidad frente a los señalamientos de Trump y cuestionó las afirmaciones de que el gobierno colombiano no estaba colaborando lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico.
Petro rechazó las acusaciones de desinformación, asegurando que Colombia continúa trabajando en cooperación con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, particularmente en la frontera colombo-venezolana, que ha sido un punto crítico en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la región.
Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, también se sumó al rechazo de las amenazas de Trump, destacando la amenaza que representaban para la democracia y la soberanía nacional.
En sus declaraciones, enfatizó que Colombia no rompería sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero que defendería su independencia en la toma de decisiones.
A pesar de las amenazas y la presión internacional, el gobierno colombiano sigue comprometido con la cooperación internacional para enfrentar la crisis regional.
Este escenario de tensiones diplomáticas y posturas divididas en torno a Venezuela refleja el complejo panorama en América Latina y en la comunidad internacional.
Mientras algunos países insisten en que la intervención externa solo agudizaría la crisis, otros apoyan las sanciones y presiones sobre el régimen de Maduro, considerando que solo así se logrará una transición hacia un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos.
La situación en Venezuela continúa siendo un tema divisivo en la comunidad internacional.
Las intervenciones de países como Estados Unidos y las respuestas de gobiernos latinoamericanos y europeos muestran cómo la crisis venezolana no solo afecta al pueblo de Venezuela, sino que tiene repercusiones globales.
En el Consejo de Seguridad de la ONU, las diferencias quedaron claras: mientras algunos países abogan por una intervención más activa, otros insisten en el respeto a la soberanía de Venezuela y rechazan el uso de la fuerza como solución.
La postura de Colombia, liderada por el presidente Gustavo Petro, ha sido crucial en la región.
Petro ha defendido su legitimidad y ha solicitado una solución pacífica y cooperativa, sin ceder ante las presiones de actores externos.
A pesar de las críticas, el gobierno colombiano mantiene su disposición para seguir cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero siempre dentro de los marcos de la soberanía y la autonomía del país.
Francia Márquez, por su parte, ha dejado claro que Colombia no aceptará amenazas contra su democracia y que seguirá defendiendo sus intereses sin romper los canales diplomáticos.
La respuesta internacional a la crisis en Venezuela es compleja y se mantiene en constante evolución.
Las tensiones en el Consejo de Seguridad de la ONU y las respuestas contradictorias sobre el futuro político de Venezuela reflejan la difícil tarea de encontrar una solución equitativa que garantice la paz y la estabilidad en la región.
Mientras tanto, los venezolanos continúan sufriendo las consecuencias de un régimen autoritario, y la lucha por el poder sigue siendo una cuestión clave en las relaciones internacionales.
