La reciente entrevista emitida en Recap Blue dejó en evidencia una de las fracturas más profundas que ha vivido el progresismo colombiano en los últimos años, en un momento político marcado por la desconfianza institucional y la polarización social.
Las declaraciones del exgobernador de Nariño y exprecandidato presidencial Camilo Romero no solo explicaron una decisión personal, sino que revelaron tensiones estructurales dentro del proyecto político que hoy gobierna Colombia.
El anuncio de su retiro de la consulta y el respaldo público a Iván Cepeda se interpretó como un acto político calculado, pero también como una respuesta ética frente a lo que considera una vulneración democrática.
Romero insistió en que su decisión no fue producto de cálculos electorales individuales, sino de una lectura más amplia sobre el momento histórico que atraviesa el país.
En ese contexto, el trino del presidente Gustavo Petro, anunciando que no participaría en la consulta, funcionó como un mensaje político de alto impacto.
Para muchos sectores, ese mensaje confirmó que la consulta había dejado de representar una herramienta legítima de unidad progresista.
La exclusión de Iván Cepeda de la consulta por decisión del Consejo Nacional Electoral fue presentada por Romero como un punto de quiebre institucional.
Según su interpretación, la decisión del organismo electoral no solo afectó a un candidato específico, sino que alteró las reglas del juego democrático para un sector político completo.
Romero calificó esta actuación como un golpe a la democracia, señalando que el mismo organismo permitió la participación de otros aspirantes en condiciones similares.
Este contraste alimentó la narrativa de una institucionalidad politizada, donde las mayorías tradicionales continúan ejerciendo control sobre los procesos electorales.
Desde esta lectura, el retiro de su candidatura se convirtió en un gesto de protesta y solidaridad política.
La decisión buscó enviar un mensaje claro sobre la necesidad de coherencia y defensa de principios por encima de aspiraciones personales.
En el centro del debate emergió la figura de Roy Barreras, quien optó por continuar en la consulta pese a la exclusión de Cepeda.
Romero fue enfático al señalar que esta decisión profundizó la división interna del progresismo, en lugar de buscar una salida colectiva frente al nuevo escenario.
En su análisis, Barreras representa una forma de hacer política basada en la conveniencia coyuntural, más que en una línea ideológica sostenida en el tiempo.
El exgobernador introdujo una distinción clave entre lo que llamó políticos esenciales y políticos circunstanciales.
Los primeros, explicó, mantienen una coherencia ideológica a lo largo de su trayectoria, mientras que los segundos se adaptan al poder disponible.
Esta caracterización, aunque presentada como descriptiva, tuvo un fuerte impacto simbólico en el debate público.
Romero defendió que su respaldo a Iván Cepeda no implica un cierre sectario del progresismo, sino una apuesta por la credibilidad política.
Contrario a la idea de que Cepeda representa una izquierda radical incapaz de dialogar, el exgobernador destacó su trayectoria parlamentaria.
Señaló que incluso sectores de la oposición han reconocido en Cepeda a un interlocutor respetuoso y dispuesto al acuerdo.
Desde esta perspectiva, la narrativa de radicalidad sería más una construcción mediática que una realidad política comprobable.
Romero insistió en que el progresismo necesita recuperar la confianza ciudadana demostrando coherencia entre discurso y acción.
En su visión, la unidad no puede construirse sacrificando principios fundamentales.
El debate también abordó el temor de que la fragmentación del progresismo facilite el avance de opciones políticas contrarias en primera vuelta.
Romero reconoció que la política se gana con votos, pero advirtió que no todos los votos tienen el mismo peso político ni simbólico.
Comparó las consultas internas con elecciones generales, subrayando que los contextos de participación son radicalmente distintos.
Según su análisis, equiparar resultados de consultas partidistas con elecciones nacionales constituye una distorsión deliberada del debate.
Esta estrategia, afirmó, busca inflar capital político de manera artificial y condicionar negociaciones futuras.
Para Romero, ese tipo de maniobras erosiona la confianza ciudadana en la política como herramienta de transformación social.
Más allá de los nombres propios, la entrevista dejó al descubierto una discusión de fondo sobre el sentido del proyecto progresista en Colombia.
Romero defendió los logros sociales del actual gobierno, citando mejoras en empleo, salarios y acceso al crédito para sectores históricamente excluidos.
Argumentó que estos cambios han impactado la vida cotidiana de millones de colombianos, rompiendo la idea de que la política no transforma realidades.
En ese marco, su decisión de retirarse de la contienda presidencial fue presentada como un acto de responsabilidad histórica.
El mensaje final apuntó a que el progresismo debe decidir si prioriza la coherencia o la conveniencia electoral inmediata.
La entrevista, más que cerrar un capítulo, abrió un debate que seguirá definiendo el rumbo político de Colombia en los próximos meses.
