La muerte de la jueza Vivián Polanía ha causado una profunda conmoción en la sociedad colombiana y en el sector judicial.
Su trágica partida ha reabierto un debate crucial sobre la exposición mediática, la salud mental y las condiciones laborales dentro de la rama judicial, un ámbito donde las tensiones y los riesgos son muchas veces invisibles para el público.
Polanía, quien en vida denunció públicamente acoso y amenazas, se ha convertido en un símbolo de los peligros que enfrentan quienes trabajan en el sistema judicial del país, especialmente cuando están expuestos a la presión y el riesgo derivados de la persecución pública.
La jueza Vivián Polanía fue encontrada muerta en su residencia en Cúcuta, un hecho que, aunque preliminarmente no mostró signos de violencia en su cuerpo, ha generado un gran desconcierto.
En vida, Polanía había denunciado que su vida personal fue expuesta públicamente, lo que provocó no solo hostigamientos, sino también acoso laboral y amenazas que, según ella, deterioraron gravemente su salud física y mental.
Este tipo de situaciones pone en evidencia los peligros inherentes a un sistema que a menudo no protege adecuadamente a sus trabajadores.
El caso de Polanía refleja una serie de fallas estructurales dentro del sistema judicial colombiano, donde la salud mental de los empleados a veces es ignorada hasta que es demasiado tarde.
El impacto de esta tragedia ha sacudido a sus colegas y a la comunidad judicial, quienes ahora exigen que se pongan sobre la mesa temas como el bienestar laboral y el manejo adecuado de la salud mental de los funcionarios judiciales.
La jueza Polanía no fue la única víctima en este entorno de estrés y acoso, ya que la Procuraduría General de la Nación ha señalado que desde 2021 se han presentado más de 100 pliegos por acoso laboral, de los cuales 32 han resultado en sanciones.
En su mayoría, las víctimas de este tipo de violencia psicológica en el ámbito laboral son mujeres.
La pregunta que surge es: ¿cómo puede funcionar un sistema judicial eficiente si aquellos que lo operan no están siendo protegidos adecuadamente?
En otro ámbito de la capital, se reportó un violento asalto a una pareja de adultos mayores en el norte de Bogotá, específicamente en la localidad de Usaquén.
Al menos seis delincuentes armados y a bordo de motocicletas interceptaron a la pareja cuando se dirigían a cambiar dinero en un centro comercial.
El asalto, que tuvo lugar después de que la pareja retirara una suma significativa de dinero, refleja la creciente inseguridad en la ciudad.
Los asaltantes no solo robaron los 8 millones de pesos que las víctimas llevaban, sino que también los amenazaron con armas de fuego y los golpearon, causando un gran trauma emocional en los afectados.
Este caso resalta un problema persistente en Bogotá: la inseguridad.
A pesar de los esfuerzos de la policía para combatir la delincuencia, los robos a mano armada siguen siendo una constante, afectando tanto a los ciudadanos comunes como a los más vulnerables, como lo son las personas mayores.
En este caso, la policía logró rastrear a los delincuentes utilizando los teléfonos celulares que habían sido robados, lo que permitió ubicar a los responsables en zonas de Kennedy y Bosa.
Sin embargo, la inseguridad sigue siendo un tema de preocupación creciente para los bogotanos, quienes sienten que las medidas implementadas por las autoridades no están siendo suficientes para frenar la delincuencia.
Además de los robos y asaltos en las calles, un incidente más alarmante ocurrió en Fusagasugá, Cundinamarca, donde un irresponsable conductor causó pánico al disparar artefactos pirotécnicos en diversas calles del municipio, poniendo en peligro no solo a los habitantes locales, sino también a los peatones y a la estación de bomberos.
Este comportamiento temerario resalta un problema adicional de inseguridad y falta de control, ya que los individuos que participan en este tipo de actos peligrosos suelen actuar con impunidad.
El presunto responsable, quien más tarde se presentó ante las autoridades, ofreció una disculpa pública, pero el daño ya estaba hecho.
El incidente generó indignación entre los habitantes de Fusagasugá, quienes exigen que se tomen medidas más estrictas para evitar que estos actos de irresponsabilidad continúen.
El municipio de Fusagasugá no es el único lugar donde se han registrado comportamientos peligrosos.
En Bogotá, la delincuencia sigue siendo un problema creciente, especialmente en zonas como el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires.
En este barrio, los comerciantes viven con el temor constante de ser víctimas de robos a mano armada.
En un reciente asalto a una droguería, los delincuentes despojaron a los empleados de sus pertenencias, incluyendo joyas y otros objetos de valor.
Lo alarmante de este caso es que los comerciantes aseguran que estos robos se están registrando al menos dos veces por semana en el barrio, lo que genera un ambiente de desconfianza e inseguridad entre los residentes.
A pesar de las denuncias y el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad, los comerciantes se sienten abandonados por la falta de una respuesta rápida y efectiva.
La situación de inseguridad en el barrio Santa Isabel ha llevado a los comerciantes a tomar medidas por su cuenta, como reforzar la seguridad en sus establecimientos, trabajar a puerta cerrada y contratar personal de vigilancia privada.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para frenar el avance de la delincuencia.
Los comerciantes también han señalado que la presencia policial en la zona es insuficiente, ya que a menudo la reacción de las autoridades es demasiado lenta.
Este tipo de situaciones deja claro que la inseguridad es uno de los problemas más graves que enfrenta Bogotá y otras ciudades colombianas, y que se necesita una respuesta más efectiva y contundente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
A lo largo de estos casos, se hace evidente que la inseguridad y el malestar social están interrelacionados.
La falta de protección para los trabajadores del sistema judicial, como lo demuestra la trágica muerte de la jueza Polanía, y la creciente violencia en las calles de Bogotá y otras ciudades son síntomas de un problema mayor que afecta a toda la sociedad.
A medida que la delincuencia aumenta y las tensiones sociales se intensifican, la confianza en las instituciones y las autoridades disminuye.
Este es un llamado urgente para que se tomen medidas más efectivas en todos los niveles, tanto en la seguridad pública como en la protección de aquellos que, como los jueces y los trabajadores del sector público, se exponen a diario a situaciones de riesgo.
En este contexto, las autoridades deben actuar de manera más efectiva para proteger a los ciudadanos y garantizar que se mantenga el orden en las ciudades.
La inseguridad no es solo una cuestión de cifras, sino también de la calidad de vida de las personas, de su bienestar emocional y de su capacidad para vivir sin temor.
Es hora de que el gobierno y las fuerzas de seguridad se enfoquen en mejorar las condiciones de vida de los habitantes y trabajen en conjunto con la comunidad para crear un entorno más seguro y estable.
Solo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que casos como el de la jueza Polanía no se repitan.
