Aldama TIRA DE LA MANTA contra Begoña Gómez: “Tiene 6 millones en el banco”

Víctor de Aldama, empresario implicado en el conocido “caso Koldo”, desató una auténtica tormenta mediática al afirmar en una rueda de prensa en el Senado y posteriormente en la Cadena COPE que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, posee una cuenta en el extranjero con seis millones de dólares.

Según Aldama, tiene en su poder pantallazos y una copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 13 de enero, en la que se detalla la existencia de dicho depósito millonario a nombre de Gómez.

El empresario explicó que obtuvo acceso a esa información a través de un particular que le citó para conversar y le mostró las pruebas bancarias, argumentando que el contenido estaba estructurado y parecía tan serio que no podía ignorarlo.

De Aldama no solo implicó a Begoña Gómez, sino también a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente Zapatero, por supuestas cuentas con millones en el extranjero, aunque su principal foco fue la esposa de Sánchez.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia en cuestión debido a que carecía de credibilidad y consideró que los datos presentados eran “falsos” e insuficientes para iniciar una investigación formal.

Fuentes fiscales consultadas por varios medios describieron la denuncia como comparable a las presentadas por el exjuez Fernando Presencia, que fueron calificadas como infundadas y engañosas.

El impacto del señalamiento tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito político y mediático. Medios como Antena 3 mostraron extractos de la comparecencia de Aldama ante los periodistas en el Senado, donde insistió ante la presentadora Susanna Griso: “Sí, seis millones de dólares”, y recalcó que él mismo había visto las pantallas con los datos.

En la entrevista con Carlos Herrera en COPE, Aldama volvió a reiterar su versión: aseguró haber visto los pantallazos, números de cuenta y depósitos, lo cual le pareció “muy grave” y responsabilidad de la Fiscalía aclararlo.

También afirmó poseer un sobre con documentos delicados que comprometerían al propio presidente Pedro Sánchez, afirmando que “la Justicia tiene conocimiento” y que próximamente se podría involucrar al Tribunal Supremo.

Asimismo, Aldama denunció obstrucción por parte del Ministerio del Interior y la UCO, afirmando que existen problemas técnicos para acceder a comunicaciones de su teléfono móvil, donde dice haber pruebas adicionales.

En su discurso, volvió a acusar a Sánchez y al ministro Marlaska de ser cómplices si a él le llegara a pasar algo, describiéndolos como parte de una “mafia” sin escrúpulos.

Pese a las declaraciones de Aldama, la respuesta judicial fue clara y contundente: la Fiscalía archivó la denuncia por falta de consistencia y credibilidad, subrayando que no había elementos suficientes para presumir la existencia de las cuentas o que se tratara de una mala actuación por parte de Begoña Gómez.

Así, esta polémica refleja nuevamente el pulso entre denuncias explosivas y decisiones técnicas del entorno judicial. La estrategia de Aldama, basada en presentarse como colaborador y portador de información sensible, choca con el criterio de la Fiscalía, que exige pruebas mínimas para procesar indicios tan graves.

La implicación de figuras como María Jesús Montero y la señora Espinosa introduce un elemento de alcance político que va más allá de lo familiar, pues coloca bajo sospecha la limpieza en los ámbitos financiero y de transparencia pública de altos cargos.

Mientras Aldama asegura que su denuncia es solo la punta del iceberg de una trama más amplia que involucra incluso al presidente, las autoridades judiciales desestimaron por ahora la iniciativa. La diferencia entre la fuerza de la acusación mediática y el rigor jurídico ha quedado patente: las imágenes y pantallazos no han bastado para disparar una investigación penal.

La cuestión deja varias conclusiones: primero, la gran facilidad con la que se puede viralizar un contenido sin contrastar en el entorno mediático; segundo, la necesidad de que la justicia actúe con criterios de verificación estrictos; y tercero, el riesgo reputacional inmediato que enfrenta quien es acusado, incluso sin proceso abierto ni imputación formal.

Para los afectados, en este caso Begoña Gómez, la resolución legal es una victoria preventiva, pero el daño mediático ya ha quedado sembrado. Solo el tiempo podrá determinar si estas acusaciones retoman fuerza o si terminan diluyéndose en el ruido político.